El gasto social no deja margen para políticas de reactivación

El presidente del Gobierno defendió en la cumbre del G-20 la continuidad de los estímulos para el relanzamiento de la economía y la vicepresidenta económica presentó los Presupuestos del Estado para 2010 como «dedicados a combatir los efectos de la crisis y a preparar el nuevo modelo de crecimiento», pero en las cuentas públicas que Elena Salgado entregó ayer en el Congreso de los Diputados apenas hay partidas destinadas a la reactivación. Ahora más que nunca, las políticas de protección social -pensiones, ayudas a los parados-, que ya representan el 51,6%del gasto consolidados, y los inevitables gastos fijos -sueldos, intereses de la deuda- se llevan la parte del león de unos ingresos que se resienten de la caída de la actividad.

Tras atender los gastos obligatorios, incluidas las transferencias a los entes territoriales, una serie de partidas responden a las necesidades propias de estos tiempos de recesión, como la aportación extra a los servicios públicos de empleo. Una vez atendidas todas estas demandas, el gasto de los ministerios se fija en 56.970 millones de euros. Un 5,4% menos respecto a la liquidación prevista para este año, lo que a juicio de la responsable de Economía «supone un esfuerzo de austeridad considerable».

Las prioridades de estos desembolsos también ponen de manifiesto que los tiempos no están para alegrías. La vicepresidenta económica se apresuró a explicar que si la inversión en investigación, desarrollo e innovación civil registra una disminución del 3,1% no se debe a un recorte en la asignación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que aumenta su presupuesto en 10 millones cuando se toman en cuenta todo tipo de programas, con diferentes fórmulas de financiación.

La inversión en infraestructuras del sector público empresarial retrocede el 2,4%, pero este descenso lo compensa el nuevo Fondo Local, que se volcará en este tipo de proyectos. Para completar las cuentas, Salgado acudió a la futura ley de Economía Sostenible, que incorporará una inversión de 10.000 millones de euros del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial.

Restricciones

Considerados todos estos ajustes, sólo unas pocas políticas de gasto quedan a salvo de las restricciones. Aumentan los recursos destinados a educación, con 1.396 millones de euros para becas (un 3,8% más) y 100 millones de euros para el programa Escuela 2.0, que pretende familiarizar a los escolares con el uso de Internet. A la cobertura de la dependencia se dedican 1.581 millones de euros, un 36,5% más. Finalmente, los programas de seguridad ciudadana se dotan con 8.873 millones y las partidas de justicia se llevan 1.819 millones para la modernización del servicio público.

Otra prueba de que los estímulos económicos se reducen es la factura del gasto fiscal. El volumen de beneficios fiscales previstos en el Impuesto sobre la Renta para 2010 se limita a 23.313,73 millones de euros, un 18,3% menos. El grueso corresponde a la deducción de 400 euros eliminada en el IRPF, pero también a que la reducción general por los rendimientos de trabajo sufre un descenso de 600 millones.

El desplome del consumo y de la inversión en vivienda recortan sensiblemente las deducciones. Tan sólo la correspondiente a indemnizaciones por despido registra un fuerte crecimiento del 133%.