La Junta aprueba la Ley de Aguas con una llamada al consenso político

El Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Aguas, que comenzará su tramitación parlamentaria el próximo mes con el objetivo de que entre en vigor a principios de 2010, y ha asegurado que está «abierto» a incorporar las mejoras que, en forma de enmiendas, realicen los grupos de la oposición.

Según ha explicado la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, tras la reunión del Consejo de Gobierno, esta ley permitirá que Andalucía cuente por primera vez con un marco normativo propio para la gestión de sus recursos hídricos después de que haya culminado el traspaso de las competencias sobre las cuencas hidrográficas de la región.

Ante la importancia de la norma, Castillo ha asegurado que el Gobierno andaluz está «abierto» a todas las propuestas y mejoras que el PP-A e IULV-CA puedan realizar en el trámite parlamentario. El proyecto cuenta ya con el respaldo de los sectores implicados en la gestión de los recursos hídricos e incorpora el 80% del millar de alegaciones y aportaciones recibidas por parte de varias asociaciones, así como del Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo de Andalucía, que emitieron informes favorables por unanimidad.

Por su parte, la portavoz del PP andaluz de Medio Ambiente, Carolina González Vigo, ha criticado el «intervencionismo»y el afán «recaudatorio» de la Ley de Aguas. «La nueva ley supone un aumento del 40% en la factura del agua de cada ciudadanos». En este sentido, el «horizonte» que se marca la Junta es que se pague el mismo precio en toda Andalucía por el uso del agua antes de que termine la legislatura.

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, reprobó que el «lobby conservador» del PSOE-A y la organización Asaja se han impuesto en el proyecto, «logrando una normativa al servicio de intereses y privilegios particulares».

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La ley, basada en el Acuerdo Andaluz por el Agua suscrito el pasado 3 de febrero, presta una especial atención a asignar los usos del agua conforme a las prioridades de reactivación económica, creación de empleo y cohesión territorial, ha recordado Castillo. Entre sus principales novedades, el proyecto incorpora la creación de bancos públicos de agua, que permitirán adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlos en otros usos, facilitando así una distribución más ajustada a las necesidades de cada zona.

A través de ellos, la administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso para mejorar el estado ecológico, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica y ceder recursos a las entidades supramunicipales o a otros usuarios.Dentro del nuevo marco de asignación de usos, la futura ley flexibilizará el régimen de las concesiones de agua, que actualmente no permite la entrada a nuevos usos incluso en el caso de que éstos ofrezcan mayor rentabilidad social y económica que los ya autorizados. El plazo máximo se reducirá de 75 a 20 años, salvo si la inversión necesaria requiere un periodo de amortización más largo.

En los regadíos, las concesiones se revisarán tras los proyectos de modernización que se lleven a cabo, con el fin de liberar recursos. Respecto a la regulación del ciclo integral del agua, el nuevo texto reconoce el mantenimiento de las competencias de las entidades locales sobre abastecimiento y depuración.