Griñán confirma que aceptará el pago de la 'deuda histórica' en suelo

«Tócala de nuevo, Sam». La famosa frase que inmortalizó Humphry Bogart en la película Casablanca ha dejado de sonar, en lo que se refiere a la forma en la que el Estado pagará a Andalucía el resto de la denominada deuda histórica. Precisamente, en esta ciudad marroquí.

José Antonio Griñán, después de deshojar la margarita de abono en terrenos o en metálico, reconoció ayer que las asignaciones complementarias que estipula la Disposición Adicional Segunda las podrá pagar el Estado mediante la cesión de «la propiedad de bienes y derechos de titularidad estatal», es una «posibilidad más» para que esté saldada el 20 de marzo del próximo ejercicio, cuando termina el plazo marcado por el texto estatutario. PP e IU han mostrado su rechazo a esta fórmula.

Según los datos hechos públicos ayer por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, la cuadragésimo séptima disposición adicional del articulado de este proyecto de ley recoge que, una vez que la Comisión Mixta ha determinado la cuantía definitiva de la deuda histórica -de la que restan por liquidar 784 millones de euros-, la Administración General del Estado podrá saldar sus compromisos pendientes «mediante la transmisión de la propiedad de los bienes y derechos de titularidad estatal que se acuerde entre ambas administraciones».

Griñán desveló ayer que precisamente fue su consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, la que pidió al propio Gobierno central que incluyera en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 la posibilidad de que la deuda histórica también se pagara mediante cesión de suelo estatal a la Comunidad. «Es una posibilidad más que tenemos para que el 20 de marzo esté liquidada la deuda», sentenció Griñán.

Preguntado sobre si este hecho puede dar motivo a los partidos de la oposición para presentar recurso en los tribunales, el jefe del Ejecutivo andaluz indicó que «podrán ganar, perder o empatar», pero la Junta utiliza «el mejor medio, el que más conviene a Andalucía» dentro la legislación vigente para que la deuda histórica esté liquidada en el plazo previsto.