El alcalde conocía las irregularidades del servicio de alcantarillado en agostoLa barriada

Las presuntas irregularidades detectadas en el servicio de mantenimiento del alcantarillado volvieron a saltar ayer a la palestra. Mientras las investigaciones para clarificar el asunto continúan realizándose por la Fiscalía, el Pleno de la corporación municipal arrojaba ayer más leña al fuego.

El portavoz del Partido Socialista recriminó de forma pública al primer edil isleño, Manuel María de Bernardo (PA), que conocía la situación denunciada desde el pasado 18 de agosto, tras ser informado de primera mano por varios trabajadores contratados por la adjudicataria: la Unión Temporal de Empresas (UTE) San Fernando, constituida por las sociedades Mantenimiento y Servicios Públicos Locales y Ansareo, de que habían sido «coaccionados» para cometer ciertas «irregularidades». Entre ellas, la duplicidad de facturas.

«Votaron que no a la comisión de investigación, había denuncias de la empresa y de los ciudadanos, el alcalde conocía la situación por los trabajadores, son responsables de la pérdida de más de 600.000 euros en la doble facturación, y lo son de la situación y de todo lo que pasa en la ciudad», recriminó López Gil, al alcalde.

Además los socialistas volvieron a llevar al Pleno una moción relativa a este asunto con cinco puntos que fueron votados por los tres grupos mayoritarios PA, PP, y PSOE, de forma individual. Quedaba aprobado estudiar la forma legal para retener los pagos pendientes a la UTE adjudicataria del servicio de alcantarillado para, «en el caso de que la justicia certifique el fraude, podamos recuperar parte del dinero estafado al Ayuntamiento y a los ciudadanos». También se acordaba publicar en el plazo máximo de tres meses las condiciones para la convocatoria del concurso público de este servicio, tras el cese voluntario de la empresa sometida a investigación.

Sin embargo, los partidos Popular y Andalucista rechazaron la propuesta de anular el acuerdo de la Junta de Gobierno para conceder el servicio temporal a Aguagest y tampoco aprobaron constituir una comisión para adjudicar el contrato temporal, ni a la concurrencia de un mínimo de tres empresas. Los socios de Gobierno PA-PP aseguraron que estas medidas eran «innecesarias» además de solicitar al PSOE la documentación aportada a la Fiscalía «para facilitarnos el trabajo y poder actuar con contundencia».

Las denuncias del Partido Socialistas comienzan a virar hacia otro servicio público. En este caso, el PSOE habló de incumplimientos al referirse a la empresa Urbaser, encargada de la recogida de basura y limpieza viaria. Por el ello, presentaron una moción para pedir que en el mes de octubre se constituya una Comisión de Seguimiento de este servicio, compuesta por los tres grupos políticos del Ayuntamiento y con la participación de la Federación de Vecinos Isla de León. Si bien esta petición provocó un choque de palabras entre la delegada de Desarrollo Sostenible, Rosario Álvarez (PA), y el delegado de Seguridad Ciudadana, Alfonso González Nantes (PP), lo cierto es que finalmente el equipo de Gobierno Bipartito estuvo de acuerdo en rechazar la moción al exponer que ya hay una comisión constituida «que se reúne de forma anual y si alguien quiere solicitar que se convoque, no tendremos ningún problema», declaró Álvarez.

El portavoz de los socialistas, Fernando López Gil, señaló que «no se convoca para evaluar los servicios que la empresa presta uno por uno». Así, sin avanzar nada más sobre los posibles incumplimientos que se estarían produciendo, insistió en que «si el equipo de Gobierno está haciendo seguimiento de la plica, ya los veremos en los próximos meses», mientras ya con anterioridad había advertido que «aparecerán otros escándalos en la ciudad que diremos los próximos días y dirán que tampoco sabían nada», increpó López Gil. No faltó la tensión en el debate de esta moción que fue rechazada y que volvió a abrir el debate del dinero que desapareció de la Caja.

Una quincena de ciudadanos entre vecinos de la barriada Olmo y miembros de la plataforma Responsabilidades Políticas Ya no se perdieron ayer una palabra de la sesión plenaria. La expectación de las mociones presentadas por los socialistas arrancó más de un insulto y provocó otras tantas situaciones tensas. Los más indignados, sin duda, fueron los vecinos de la barriada Olmo, que tuvieron que ser acompañados por la Policía Local a la puerta de salida, tras interrumpir el debate para recriminar al alcalde la situación de «dejadez» de la barrida. «Nos has engañado», «Mentirosos venid a ver como está mi casa», increparon.

Pero la rabia fue mayor cuando la propuesta del PSOE solicitando que en el próximo plan de inversiones se incluya esta zona para solventar «los graves problemas de deficiencia urbana que padecen, así como se ponga especial atención por las distintas áreas municipales» fue rechazada por los votos negativos de PA y PP.

Los vecinos, que salieron con pancartas a la calle a principios de mes, aseguraron sentirse discriminados por el Ayuntamiento. «La barriada necesita que se haga una inversión para arreglar las aceras, escalones, las zonas verdes, y las deficiencias de infraestructura», señaló López Gil. Sin embargo, la delegada de Desarrollo Sostenible, Rosario Álvarez, consideró que «se está baldeando con el doble de frecuencia que el resto de la ciudad, se recogen las papeleras, se limpian los solares, se mantienen los jardines, y se han podado árboles y hecho tratamientos de desinfección, es la Junta la que no hay hecho su trabajo».