Interpol dicta una orden de detención contra el comisario de Vinoble 2010
Persigue ejecutar una petición dictada en Dubai por presunto fraude, pero su entorno dice que sólo pide su localización
JEREZActualizado:Pocos podían pensar el pasado de julio, cuando Pancho Campo, de 48 años de edad, fue presentado como el nuevo comisario del Salón de Vinos Nobles (Vinoble), un certamen que se celebra cada dos años en Jerez, que apenas dos meses y medio después su imagen iba a estar colgada en la web de la mismísima Interpol con una orden internacional de arresto.
Ésta ha sido emitida en Dubai y se refiere a un presunto fraude cometido allí, tal como se reflejaba ayer en la página de la orgaqnización de policía internacional. Diversas informacione apuntaban ayer que la causa correspondiente comenzó en 2002, cuando Campo es acusado de defraudar presuntamente alrededor de 600.000 euros, motivo por el cual tendría que haberse presentado posteriormente ante el tribunal. Pero, al parecer, no lo habría hecho y por eso desde Emiratos Árabes pidió la mencionada orden de arresto.
Campo, en la actualidad también presidente de la Academia Española del Vino, fundó una empresa organizadora de eventos deportivos y conciertos en la mencionada Dubai y, según fuentes próximas a él, la denuncia la presentó un ex socio por una patente que tiene que ver con el cantante Enrique Iglesias.
Fuentes de la Academia Española del Vino apuntaban ayer que «no existe ninguna orden de arresto ni nacional ni internacional» e insistían en que ésta es simplemente de localización. Explican que es «un tema totalmente económico-financiero que, debido a la peculiar legislación de los Emirato Árabes, allí se tratan de forma penal, cuando en Europa serían meros asuntos civiles».
«Un error»
Los asesores de Pancho Campo, pertenecientes a la firma Oliva-Ayala, dicen estar convencidos de que se trata «o de un error o de una grave injusticia cometida contra él».
Los mismos representantes de Campo, concluyen anunciando, asimismo, que no dejarán que se manche su nombre y que emprenderán acciones legales contra las personas responsables de difundir información «no ajustada a la verdad que deberán aclarar ante las instancias pertinentes», tanto judiciales como administrativas.