Los populares valencianos replican con demandas en los tribunales

Una denuncia y una querella. Ésta será la respuesta del PP de la Comunidad Valenciana y de la Generalitat al informe policial que apunta a una supuesta financiación irregular de los populares en ese territorio. El secretario general del partido, Ricardo Costa, anunció que ya tiene redactada una denuncia contra los autores del documento, es decir, los policías que firman las pesquisas. El vicepresidente primero del Gobierno autonómico, Vicente Rambla, señaló por su parte que se querellará por injurias contra su honor.

El número dos del PP en la Comunidad Valenciana y supuesto gestor de la financiación ilegal, según el informe policial, reaccionó con contundencia. Aseguró que las cuentas están «claras, fiscalizadas y auditadas» y no concedió la menor veracidad a la investigación de la Brigada contra el Blanqueo; un documento, dijo, «sesgado, intencionado y sin pruebas» con el único objetivo de dañar al PP.

Costa admitió que conocía con antelación el contenido del documento y que ya «ha sido estudiado» por los abogados del PP. Los letrados, anunció, «desde hace varios días» tienen redactada la denuncia contra los autores del mismo. No explicó, sin embargo, las razones por las que, si tiene lista la denuncia, aún no la ha presentado en el juzgado. Sostuvo, además, que el informe «no es nuevo», sino «una recopilación» de varios y «un montaje» donde se mezclan «churras con merinas de forma intencionada». También denunció que todo se ha perpetrado desde el Ministerio del Interior, porque la investigación no obedece a la orden de un juez.

Afirmación desmentida por los sindicatos policiales, que aseguraron que sus pesquisas están respaldadas «en todo momento» por las órdenes de un juez o de la Fiscalía, y no actúan por libre ni a instancias de un dirigente político. La Confederación Española de Policía aseguró que no existe «utilización política» de los funcionarios policiales y subrayó que lo importante no es el origen del texto, sino determinar si hay delitos.

El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, presunto intermediario ante la Administración para la concesión de contratos a empresas que, supuestamente, pagaban gastos del PP a través de Orange Market declaró, a su vez, verse «obligado» a querellarse por injurias contra los autores de la investigación porque llegan a conclusiones «falsas, irracionales y ridículas». Y a pesar de que niega veracidad al informe desde la primera a la última línea, rescata que en la transcripción de las conversaciones queda acreditada su «negativa» a aceptar las pretensiones de una empresa implicada en la presunta financiación ilegal del PP.

También terció en la polémica la portavoz del Gobierno autonómico, Paula Sánchez de León, que aunque no aparece citada, salió al quite para minimizar la denuncia, pues no interesa «a la mayoría de los valencianos». El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, entretanto, calló. «Me remito -dijo- a las palabras de Ricardo Costa», que ha estado «muy acertado».