El PP niega que su financiación sea ilegal y acusa a Rubalcaba de persecución

El PP niega que haya montado una Filesa para financiarse ilegalmente en Valencia, como sostiene un informe de la Brigada contra el Blanqueo de la Policía. Francisco Camps y Ricardo Costa, con el apoyo del PP valenciano y de la cúpula del partido, se atrincheraron en el desmentido a las acusaciones que se derivan de la investigación policial al tiempo que acusan al ministro del Interior de haber orquestado un «montaje». Mariano Rajoy ha dado carta blanca al presidente de la Generalitat para impulsar esta estrategia defensiva a la que él mismo colaboró aplazando cualquier decisión hasta las resoluciones judiciales. Pero en las filas del partido bulle el malestar de muchos dirigentes que consideran la situación insostenible mientras Costa y el vicepresidente Vicente Rambla no dimitan.

El hecho de que no existan actuaciones judiciales ha permitido a la dirección del PP culpar al ministro del Interior de urdir una operación de descrédito a partir del informe policial que revela la existencia de operaciones irregulares en la financiación de la organización en Valencia, a través de la contratación de Orange Market, la empresa valenciana del entramado de Francisco Correa. «Yo me atengo a lo que digan los tribunales», dijo Rajoy en una entrevista en Intereconomía el jueves por la noche, tras apuntar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó investigar el asunto. «El tribunal ha dicho que, para ellos, este caso no existe», sostuvo el líder de la oposición.

Todos los dirigentes de la cúpula nacional salieron ayer en tromba a apoyar la tesis negacionista que lidera Camps y que también sostuvo en la Comunidad Valenciana durante una larga rueda de prensa su secretario general, Ricardo Costa, uno de los protagonistas de las conversaciones interceptadas por la policía y cuyas transcripciones se adjuntan al controvertido informe. Según Costa, se trata de «un claro montaje instigado por el Ministerio del Interior», argumento apoyado con idéntica contundencia por el coordinador de Libertades y Justicia del PP, Federico Trillo, quien aseguró que se trata de «un montaje urdido por la policía gubernativa», la «policía de confianza» del ministro. El diputado valenciano y vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, siguió la misma senda y expresó su sospecha de que Rubalcaba fue «la mano política» responsable de esta actuación policial. Por elevación, otros dirigentes del PP acusaron al presidente del Gobierno de instigar este tipo de «montajes», que los populares enmarcan en la persecución que llevan denunciando desde el pasado agosto y que ahora Trillo resume como una situación de «indefensión». Camps no quiso pronunciarse, pero ya se adelantó a los comentarios de sus compañeros el pasado jueves, cuando dijo que el éxito del PP valenciano supone un riesgo para el PSOE en el poder y señaló que «si alguno pudiera me gasearía», en una alusión que todos interpretaron referida a Zapatero.

La dirección nacional del partido conocía el polémico documento y sus correspondientes conversaciones transcritas desde hace unos diez días, cuando las partes del caso Gürtel fueron informadas. Tenía asimismo noticias de que la policía investigaba las finanzas del partido en Valencia desde antes del verano, y preparó una estrategia para hacer frente a sus efectos políticos. Rajoy atendió los planteamientos de Camps para seguir negando las acusaciones y los populares se aferraron a la decisión procedimental del TSJCV, que remitió el informe al tribunal que tramita la causa general del entramado corrupto en Madrid.

Presunción de inocencia

Como ocurrió con las informaciones del caso Gürtel que señalaban al tesorero del partido, Luis Bárcenas, el PP no hará nada hasta que un tribunal se pronuncie en contra de los cargos aludidos. «Lo que no vamos a hacer es vulnerar la presunción de inocencia de nuestros compañeros -dijo Javier Arenas- pero si tenemos la constancia o la demostración de una irregularidad no tengo duda de que Rajoy y todos nosotros actuaremos con todas las consecuencias».

La secretaria general, Dolores Cospedal, y el vicesecretario Arenas se encargaron de desmentir la existencia de una financiación ilegal en el partido a la que apuntan tanto los datos del informe como las conversaciones grabadas entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. Lo que preocupa al PP es que se hayan podido identificar las acusaciones que se vierten en la investigación policial con el montaje de una Filesa en el partido de la oposición, similar a la que orquestó el PSOE en los años ochenta.

Precisamente, las informaciones que relacionan las empresas adjudicatarias de los contratos de la Generalitat con la financiación del PP son las que más teme la dirección popular, que conoce de antemano los contenidos del informe policial que todavía no han sido publicados por los medios de comunicación.