Aguirre busca la confrontación directa con Zapatero e intenta frenar el 'Estatut'

Esperanza Aguirre abrió un nuevo frente de oposición al Gobierno al intentar impedir la aplicación del Estatuto de Cataluña antes de que se pronuncie el Constitucional. La presidenta madrileña impugnó ayer ante el Tribunal Supremo el decreto del Ejecutivo central que permite la transferencia a Cataluña y Andalucía de competencias claves en inmigración, entre ellas, la concesión de permisos de residencia y trabajo. La maniobra de Aguirre, con la que discute la constitucionalidad de la medida, no cogió por sorpresa a los responsables nacionales del PP, que fueron avisados de la decisión adoptada la pasada semana por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, según informó el consejero de Inmigración y Cooperación, Javier Fernández-Lasquetty.

Ante la demora del Constitucional, que recibió los recursos contra el Estatuto catalán hace tres años, Aguirre decidió frenar al Gobierno y actuar por su cuenta sin esperar al fallo que, entre otros muchos aspectos planteados por el PP, debe pronunciarse sobre si es legal dejar en manos de las autonomías parte de la política de extranjería. Una trasferencia de competencias que, según los populares, va en contra del artículo 149 de la Carta Magna que reserva como «competencia exclusiva» del Estado la «regulación de la nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo».

Los juristas de la Comunidad de Madrid han encontrado en el recurso contencioso-administrativo el resquicio para dar guerra en los tribunales, apenas el Ejecutivo central ha comenzado a desarrollar el Estatuto. El real decreto recurrido por la Comunidad ante el Tribunal Supremo es el 1.162/2.009, aprobado el pasado 10 de julio y que reforma el reglamento de la todavía vigente Ley de Extranjería, sin tener en cuenta que en las Cortes se está tramitando una nueva normativa sobre inmigración.

La Comunidad que preside Aguirre recurre a la vía de lo contencioso-administrativo puesto que la norma impugnada no tiene rango de Ley y, por lo tanto, no puede ser recurrida ante el Constitucional como ocurrió en el caso del 'Estatut'. La tramitación de sendas impugnaciones, aunque tengan el mismo fondo, seguirán vías procesales independientes.

El artículo 49 del nuevo reglamento recurrido por Madrid permite que las comunidades autónomas «que tuvieran reconocidas las competencias» en sus estatutos de autonomía -como ocurre en Cataluña y Andalucía- concedan «autorizaciones iniciales de residencia y trabajo por cuenta ajena» con un año de vigencia y «limitadas a un ámbito geográfico y a un sector de actividad determinado».

El Consejo de Ministros dio luz verde a la aplicación del decreto en Cataluña para que la Generalitat empiece a otorgar, el 1 de octubre, los permisos de residencia y trabajo a extranjeros que hasta ahora tramitaban las delegaciones de Gobierno central. El consejero madrileño sostiene que el nuevo reglamento de extranjería «vulnera la distribución constitucional de las competencias», idéntico argumento que esgrimió el PP ante la corte constitucional.

Explicación

El recurso de Madrid acusa al Gobierno de provocar con sus decretos la «ruptura de la unidad política establecida para regular los flujos migratorios», puesto que los inmigrantes regularizados por un ejecutivo autonómico podrán trabajar en cualquier otra comunidad al cabo de un año, aunque esta última no haya intervenido en ningún momento en esa legalización.

En opinión de Fernández-Lasquetty, el nuevo reglamento provoca «un caos burocrático y un desequilibrio entre las regiones que tendrían competencias en permisos de trabajo y las que no».