Los autónomos denuncian discriminación en el proceso de formación profesional

Los fondos para la formación y el reciclaje profesional atienden al 5% de los asalariados y al 0,55% de los trabajadores por cuenta propia. La discriminación también se extiende al capítulo del gasto, que llega a los 28 euros por persona para el primer colectivo y se queda en 3,82 euros, para el segundo. Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) se denuncia que con «esta precaria atención a los emprendedores» resulta imposible que España sea un país competitivo y moderno. Los autoempleados generan el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 18% de las colocaciones, pero en los últimos meses, cada día, 500 se ven obligados a cerrar su negocio por falta de medios para mantenerlo.

Los datos figuran en un informe elaborado por la ATA que, igualmente, recoge las dificultades para acceder a un curso de formación. Por cada plaza se presentan 180 autónomos, mientras que entre los trabajadores por cuenta ajena sólo hay 20 aspirantes. Así, decenas de miles de emprendedores se quedan sin la posibilidad de desarrollar sus tareas profesionales con mejor cualificación, añade el presidente de la federación, Lorenzo Amor. A su juicio, es muy difícil que «si no acostumbramos a los autónomos a estar bien preparados, el día de mañana, cuando sean empresarios, inculquen esa forma de trabajar a sus plantillas».

El estudio abarca también el comportamiento de las comunidades. Y son Castilla y León, Extremadura, Asturias y Castilla-La Mancha las más preocupadas por conseguir mejorar la actividad de sus autónomos. Destinan el 11,6%, el 7,6%, el 6% y el 5%, respectivamente, del presupuesto de formación a los emprendedores. En el otro extremo se encuentran la Comunidad Valenciana, con el 1,5%; Canarias, con el 1,54%; y La Rioja, con el 2%. Cataluña y Navarra carecen de financiación para el reciclaje de los autónomos.

Amor aprovechó la ocasión para reiterar al Gobierno su demanda de que la ayuda de los 420 euros, concedida a los parados que han agotado el desempleo y carecen de otras rentas, se extienda a 90.000 autónomos. «Es una demanda social», planteó.