La UE rechaza la petición de prohibir el comercio del atún

La Unión Europea no cerró finalmente ayer un acuerdo para apoyar la propuesta de Mónaco de vetar temporalmente el comercio internacional de atún rojo, y votará de forma desfavorable a esta solicitud en la reunión de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Salvaje en Peligro de Extinción (CITES) que tendrá lugar en el mes de marzo de 2010.

Esta noticia supone un alivio inicial para el sector almadrabero gaditano que, no obstante sigue viendo amenazada su supervivencia económica.

«El de la UE es sólo un voto de todos los países que participarán en ese encuentro en marzo». Son palabras de los responsables de la OPP, la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba, que aglutinan las explotaciones artesanales de Tarifa, Barbate, Conil y Zahara en la provincia. Desde el sector en Cádiz se asegura además que estarán muy pendientes también a otra fecha importante en los próximos meses , como será la reunión prevista para noviembre del ICAAT, la comisión internacional que regula la pesquería del atún rojo y que decide el tope máximo de capturas por países.

Ya el pasado año, un informe científico de esta comisión reconocía un panorama desolador para la conservación de la especie de atún rojo, y proponía una veda de tres meses en el Mediterráneo, que finalmente se quedó en apenas diez días sin capturas, y una reducción de las extracciones, de las que se autorizaron 22.500 toneladas y finalmente se pescaron casi 60.000.

Desde las almadrabas se insiste en que ellos son un un tipo de pesca artesanal y milenaria que no ha contribuido durante siglos a acabar con los atunes, y que por tanto requieren «un trato especial».

La negativa de la Unión Europea se basó ayer en el posicionamiento de países donde la pesca del atún es un importante recurso económico como España e Italia.

Incluir al atún en el anexo I de las especies en peligro de extinción (CITES) conllevaría la suspensión temporal de su comercialización en el mundo, y llevaría a la ruina a las más de 400 familias que viven en Cádiz de su pesca.

De momento, el sector cree que sólo se ha ganado «una batalla», y se muestra cauto hasta ver las conclusiones que se tomarán al respecto en los próximos meses.