«Vivimos sin agua ni luz, igual que en el Tercer Mundo»

Visitar el domicilio de Carmen es como volver al siglo XVIII. Sin luz eléctrica conectada a la red general, con agua extraída de forma incontrolada de un pozo subterráneo, y con la falta de otros servicios básicos como el alcantarillado e incluso el asfaltado y alumbrado de los caminos que rodean la vivienda.

«Esto hay que vivirlo para saber lo que es», explica esta mujer, de 57 años, que ha optado por irse a vivir al campo para que mejore la enfermedad que padece su hijo de 25 años.

«Aquí para ir al baño a medianoche usamos un quinqué, otra cosa no tenemos», apunta.

Y es que en su domicilio, Carmen y su marido soportan a diario la falta de suministro eléctrico. Ubicada en Los Llanos, su casa es una de las más de dos centenares que no dispone aún de enganche a la red de Sevillana-Endesa por encontrarse en suelo no urbanizable.

Este problema hace que esta familia chiclanera deba hacer uso de un generador de gasoil, «que hace un ruido muy molesto y nos obliga a gastar al mes 200 euros en combustible», explica.

Además, Carmen tiene otros problemas añadidos en su día a día. Uno de ellos es la imposibilidad de contar con transporte público o servicio regular de recogida de basuras. «Aquí estamos aislado en medio del campo, lejos de todo. Yo necesito un coche para ir al pueblo, no tengo autobuses cerca ni tampoco médicos. Las ambulancias no quieren ni venir por lo malo que está el camino cuando las llamo porque a mi hijo le ha dado un ataque», lamenta.

La situación de Carmen es especialmente dramática también por la falta de recursos económicos de la familia. Es un ejemplo extremo de lo que supone vivir de forma irregular en una vivienda construida al margen del planeamiento urbanístico.

En Chiclana son 15.000 edificaciones como la suya, y la mayoría son primeras residencias consolidadas en núcleos poblacionales habitados desde hace años. Esta familia pide «condiciones dignas para residir», y asegura «no querer mansiones ni que nos regalen otra casa».

Desde su humildad reconocen que «si hay que pagar, intentaremos pagar para ser legales», pero a la par admiten que el esfuerzo económico que se les exige a partir de ahora para tener papeles «puede acabar con nosotros».

En pleno siglo XXI, vivir sin servicios y subsistiendo de la agricultura y la ganadería, aún es una realidad en un municipio costero que tiene 12.000 camas de cuatro estrellas en su litoral.