Soluciones, no parches

L a Junta de Andalucía garantizará que los hermanos estudien en el mismo centro escolar. A priori, una buena decisión. A priori, una gran noticia. Pero sólo a priori, tiene truco. Dentro del maremágnum de despropósitos en que se ha convertido la política de escolarización de la Consejería de Educación -en Andalucía, en concreto y en España, en general-, desayunarnos un anuncio así es de agradecer. Pero ojo, eso es sólo una parte del problema, una batallita ganada por los padres dentro de la gran guerra a la que se han de enfrentar cada mes de marzo los progenitores cuyos hijos cumplen tres años y empiezan su etapa escolar.

A día de hoy ocurre, y con mucha más frecuencia de la que podríamos pensar, que hay padres -y madres, no se me enfaden los políticamente insoportables- que se levantan cada mañana sin acabar de explicarse por qué tienen que llevar a su hijo mayor a un colegio y al menor a otro. Absurdo se mire por donde se mire. Pero cierto.

Parece ser que a partir del próximo curso, eso ya no será así. Digo parece porque mucho me temo que seguirá habiendo líos. Y los seguirá habiendo porque el problema de fondo, el real, no se ha arreglado ni se va a arreglar. Al menos a corto plazo. Aquí el verdadero dilema es que hay un buen número de padres cuyos hijos están en colegios que no les gustan. Por las razones que sean. No son los que han elegido. La Junta tiene su particular manera de entender cómo hay que escolarizar a los pequeños y la ejecuta sin tener en cuenta lo que piensan los padres. Pero con un gran agravante, y es que sigue haciendo la vista gorda en los innumerables casos de fraude que se producen cada año a la hora de presentar los requisitos para la obtención de puntos.

La cosa es bien sencilla. Ya lo saben, por repetido. Para otorgar las plazas la Junta da una serie de puntos por según qué condiciones cumpla el niño. Si vive cerca, tantos puntos. Si pertenece a una familia monoparental, más puntos. Si su padre trabaja en el colegio, más puntitos. Si su hermano ya está allí escolarizado, suma y sigue. El problema es que Educación establece estos requisitos y luego no exige prácticamente nada para demostrar que son ciertos. De ahí que haya padres que se inventan empadronamientos o divorcios para aumentar su puntuación. Y la Junta no se entera. O prefiere no enterarse. ¿Por qué? Ni idea. Quizá no tengan medios para comprobar uno por uno los casos. O quizá no tengan ganas. Pero al final son los padres perjudicados los que acaban ejerciendo de detectives, haciendo fotos a los buzones para demostrar que fulanito de tal no vive en la dirección que ha presentado.

Todo esto trae como consecuencia lo que usted ya sabe, que al final, ante el peso de las pruebas presentadas, la Junta tiene que dar marcha atrás y trasladar de colegio a los niños a los que ya había dado plaza en otro, los padres que recurren... y la Justicia perdiendo el tiempo que no invierten los políticos en arreglar el asunto. Y eso sin mencionar que se salta a la torera el derecho de los padres a elegir el colegio en el que quieren que estudien sus hijos en función de sus creencias religiosas. Un derecho recogido con claridad meridiana en el artículo 27 de la Constitución Española, ese libro por el que hemos de regirnos todos.

Decía antes que seguramente seguirá habiendo líos. Porque a partir de ahora se garantiza que los hermanos estarán juntos en el cole, pero no dicen en qué cole. Es decir, imagine que cuando su hijo mayor empiece el colegio usted solicita el que prefiere. Pero es honrado, no falsifica ningún documento y se queda sin plaza. Y se la dan en otro que le queda mucho más lejos, en una zona que no le convence -llámeme clasista si quiere-, sin comedor, sin aula matinal y sin apenas actividades extraescolares, por ejemplo. Y al año siguiente resulta que a su segundo hijo sí le dan plaza en el colegio deseado. Y ahora tiene que elegir. Que vayan juntos al colegio o que al menos uno estudie en el deseado.

La decisión no es fácil. Cada cuál puede tener su propia opinión. Pero el problema no es ése. El problema es que los dirigentes políticos, las cabezas pensantes, vuelven a tomar una decisión que se queda a medias. Que, insisto, no erradica el problema de fondo. Tan sólo parchea una parte del mismo.