«Si hay que pagar por tener todos los servicios, lo haré»

Mila es gaditana. Hace algo más de cuatro años compró una vivienda con todos sus ahorros, y aunque sabía que la casa no tenía licencia de construcción, sus esfuerzos se centraron en tener los mayores servicios posibles.

«Cuando vi esta casa en el Camino del Manzanares me enamoré; era lo que siempre había soñado, aunque sabía que tendría algún día que pagar para legalizarla», explica la joven.

Poco a poco fueron pasando los meses, y Mila es ahora consciente de que en breve deberá hacer frente a un proceso de regularización que le supondrá un fuerte desembolso económico.

A cambio esta gaditana reconoce sentirse muy afortunada, puesto que ella cuenta con menos incomodidades que otros vecinos. «Hay gente que está peor que nosotros», apunta. Y eso que en su casa el agua corriente procede de un pozo subterráneo, de que a su calle no llegan los autobuses ni tiene un colegio o un supermercado de barrio cerca. «Yo elegí vivir aquí. Me gusta la tranquilidad que se respira, pero también hay que reconocer que tenemos muchos inconvenientes a diario», asegura.

Su caso es idéntico al de miles de familias que residen en el extrarradio chiclanero. En El Marquesado, sin ir más lejos, son cientos los inmuebles que existen, convirtiendo la zona en un núcleo residencial consolidado.

«A mí me da igual tener que pagar con tal de tener todos los servicios. No es agradable tener que estar pendiente a las averías de la bomba del pozo o la fosa séptica», comenta Mila. Tanto ella como el resto de propietarios de viviendas ubicadas en zonas sin urbanizar del término municipal chiclanero se enfrentan al dilema de la culpabilidad de la proliferación de casas ilegales.

«Yo sé que aquí se ha permitido mucho, eso lo sabemos todos. Pero tiene que haber un momento en que se ponga fin a esta situación», explica la joven.

Ese momento ha llegado, y lo que hoy son inconvenientes en pocos años se convertirán en ventajas, puesto que Mila cuenta en estos momentos con una ubicación privilegiada, al comienzo del carril donde se sitúa su inmueble. «Eso hará que me tengan que retranquear menos metros; no me importa, tengo suficiente sitio», bromea.

Mientras llega ese momento de iniciar el expediente para legalizar su vivienda, la joven se conforma con su inmueble de 75 metros cuadrados, colocado en una parcela de 750 que le costó menos de 145.000 euros, «un dinero con el que no podría haberme comprado nada en Cádiz».