La angustia de los 'sin papeles' de la Bahía

Carmen Ureba se levanta cada mañana y lo primero que hace es encender el generador de gasoil que proporciona electricidad a su domicilio. Ella, como otras casi 15.000 familias de Chiclana, lleva años sufriendo las molestias de residir en una vivienda irregular y sin servicios básicos.

Su situación es similar a la de Alfonso Aragón, John Holmes, Alfredo Leal o Juan Saucedo. Todos ellos son propietarios de una vivienda sin licencia en distintas zonas del extrarradio chiclanero, y se enfrentan en los próximos meses al pago de una cantidad económica que superará de media los 35.000 euros para ser legales y urbanizar las zonas donde viven.

«Chiclana ha sido un auténtico descontrol durante años», apunta Alfonso Aragón, muy crítico con la gestión de las diferentes administraciones al respecto. «Achacar el problema sólo a los dueños es una falacia», se queja.

En la última década en Chiclana, como en buena parte del litoral gaditano, han sido diversas las causas que han alimentado la aparición de residenciales al margen del planeamiento. Quizá en este municipio costero la marca diferenciadora sea que el problema ha alcanzado una magnitud tal que ha sobrepasado a las administraciones.

«En Chiclana cada familia tiene una casuística distinta; no creo que haya habido una sola razón que explique por qué se han construido 15.000 viviendas sin licencia». Son palabras de la actual edil de Urbanismo, Cándida Verdier (PSOE), que recuerda que «este municipio ha sido muy atractivo para muchas personas que han fijado aquí su residencia». Ella reconoce «la inexistencia» del concepto de ilegalidad para muchos ciudadanos durante años.

Además de la tradicional autoconstrucción típica de los chiclaneros durante varias generaciones, la legislación en materia de disciplina urbanística a nivel autonómico fue prácticamente inexistente hasta 1995.

En los últimos años, la connivencia de abogados, notarías, corredores de fincas, ayuntamientos y registradores de la propiedad ha permitido segregaciones poco recomendables, inscripciones registrales casi ilimitadas, y operaciones inmobiliarias que rallaban lo ilegal. Incluso hay varias operaciones abiertas por la Fiscalía por la falsificación de certificados de antigüedad de las viviendas.

«Aquí se ha enriquecido mucha gente», apunta John Holmes, un británico afincado en Pago Melilla desde hace más de cinco años, que compró la casa donde reside actualmente en pleno boom inmobiliario de la localidad. Él, como otros 2.000 ingleses, habita en una casa con servicios básicos limitados al enganche de la luz a un poste de Sevillana-Endesa, un pozo subterráneo «cuya bomba sola cuesta más de 4.000 euros y se estropea una vez al año», y una fosa séptica que sirve como recipiente para las aguas negras que produce su familia y «que hay que vaciar de forma periódica con el consiguiente gasto».

Diseminado

A diario, tanto Alfonso, como John, como Alfredo o como Juan sufren las incomodidades de residir en un suelo calificado en el PGOU vigente como suelo urbano no consolidado.

«Para llevar al colegio a mi hija tengo que coger el coche; mi camino no está asfaltado, la basura la dejamos en una bolsa colgada en la puerta de la parcela y a veces la recogen y a veces no; y el médico más cercano está a veinte minutos», explica Alfredo. Desde su casa habitual en la urbanización de Pago del Humo, este joven chiclanero esboza una sonrisa al ser cuestionado por la razón por la que eligió vivir en medio del campo. «Eso no lo elegí yo; me tocó», bromea.

Y es que Alfredo heredó en su día un pequeño terreno de sus padres, y ante la falta de recursos económicos al encontrarse en situación de desempleo, decidió autoconstruirse con la ayuda de sus hermanos su domicilio en esa parcela. Él no entiende cómo muchos hablan «de que en Chiclana sólo hay chalés de lujo», y reclama su derecho a vivir dignamente.

El caso de Juan Saucedo es aún más dramático. Con un hijo enfermo, ni siquiera las ambulancias llegan en ocasiones a atender a su familia. «Vivir aquí es un suplicio. Somos ciudadanos de segunda», denuncia.

Regularización

Sin embargo, el debate sobre si los ilegales deben pagar o no para contar con servicios lleva años abierto. Prácticamente todos los chiclaneros tiene en su familia o conoce a alguien de su entorno cercano que es propietarios de una vivienda irregular, normalmente sin licencia ni permisos para su construcción, y que usa como segunda residencia.

Este hecho ha democratizado el problema, pero no lo ha eliminado. La regularización que está a punto de iniciar el equipo de Gobierno contempla pagos económicos que muchos consideran injustos. Urbanismo ha decidido coger el toro por los cuernos, y pese a las críticas de la oposición por su «permisividad» durante años, el proceso ya es irreversible.

Zonas como Pago del Humo, El Sotillo, Las Quintas, Rana Verde o El Marquesado no tienen otra salida que convertirse en urbanas y cohesionarse en servicios con el casco urbano chiclanero. Además, no hay que olvidar el importante movimiento económico que generará la regularización.

«Vivir en una casa ilegal no es ningún delito, y más cuando llevamos años pagando el IBI; no somos delincuentes», aseguran desde las federaciones de asociaciones de vecinos.

La realidad es que a día de hoy más de 15.000 viviendas integran los 18 millones de metros cuadrados que componen las nueve zonas denominadas Áreas de Gestión Básica que se urbanizarán en los próximos años. El futuro de Chiclana pasa por el éxito de este proceso.