Primera orden judicial para escolarizar a una niña en San Felipe Neri tras quedar excluida

El juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz ha ordenado cautelarmente la escolarización en Educación Infantil del colegio San Felipe Neri de una niña de tres años que quedó excluida de la lista de admitidos. A primera hora de la mañana de ayer, el centro concertado recibía la notificación por parte de la Delegación Provincial de Educación y ejecutó la orden judicial de forma inmediata. De hecho, ayer mismo la niña afectada ya acudió a clase con sus nuevos compañeros, tan sólo nueve días después de haber comenzado el curso escolar en otro centro de la capital.

La admisión de esta alumna supone el incremento de la ratio de una de las tres unidades de este ciclo a 26 niños, uno más de lo permitido. Sin embargo, el director del colegio, Javier Anso, aseguró que «estamos preparados para hacer frente a esta nueva incorporación y a otras que se puedan producir». De hecho, Anso recordó que el centro tiene preparada incluso una cuarta aula de Infantil por si Educación decidiera habilitarla. «Si nos la permitieran, mañana mismo tendríamos materiales y profesores para ponerla en marcha», apostilló.

El máximo responsable de los marianistas recordó que ya el año pasado el colegio acogió a diez alumnos que fueron escolarizados tras una orden judicial, situando la ratio en 28 en dos aulas y en 29 en otra, «y no supuso ningún perjuicio para los otros alumnos», agregó Javier Anso.

Ésta supone la primera orden judicial de este curso que obliga a escolarizar a una alumna en un centro en el que no estaba admitida. Sin embargo, todo hace indicar que este caso no será el único y de aquí a unas semanas las sentencias en este sentido podrían sucederse en diferentes centros de la capital, ya que al existir un precedente en 2009, han sido muchos los padres que este año han recurrido a esta vía para conseguir el puesto escolar que habían solicitado en primera opción y que no habían obtenido por diferentes motivos.

Asimismo, estos recursos en los tribunales no sólo han sido interpuestos por los alumnos que quedaron fuera de las listas de admitidos, sino también por aquellos que han sido expulsados tras ser descubiertos de utilizar datos falsos durante el proceso de escolarización.

Por su parte, la Delegación Provincial de Educación acatará las sentencias judiciales que se reciban, al igual que en años anteriores, pero, de la misma forma, lamentó esas medidas y expresó su preocupación por la subida de la ratio que ese tipo de escolarizaciones supone «y que pueden llevar a casos de masificación en determinados grupos de esos centros». apuntó la delegada provincial, Blanca Alcántara. «Sabido es que esa masificación, que no es deseada por ninguna instancia de la comunidad educativa (padres y madres incluidos) va a incidir negativamente en la calidad de la enseñanza que reciben el resto de los alumnos de esos grupos, cuyos derechos a estar escolarizados en esos centros han sido demostrados», apostilló.

La Delegación provincial se reafirma en su propósito de luchar contra el fraude en la escolarización con los medios que están a su alcance, «a pesar de que estas decisiones judiciales contrarían las resoluciones administrativas llevadas a cabo con la mayor escrupulosidad y el respeto a todos los requisitos jurídicos», concluyó Alcántara.