Rubalcaba ve un «delirio paranoico» en la «conspiración» que denuncia el PP

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió ayer con un ataque en toda regla a la ofensiva del PP en la sesión de control al Gobierno a causa de los casos de corrupción y la actuación de la Fiscalía y la Policía según se trate del PP o el PSOE. Rubalcaba sostuvo que el partido opositor está empeñado en convertir los casos de corrupción que les afectan en «una suerte de conspiración universal contra el PP » y apuntó que «como son tantos los casos, tienen que estar necesariamente afectados cientos de guardias civiles, fiscales y jueces de instrucción». «Un delirio paranoico -añadió- que no se lo creen ni ustedes en Génova (sede del PP)».

La parlamentaria popular de Baleares María Salom había pedido explicaciones al ministro por el arresto de un concejal del PP, este verano, esposado de la mano derecha con otro detenido y ante las cámaras de televisión. «Hay una doble vara de medir clarísima», denunció la diputada y aseguró que cuando se trata de cargos socialistas o de Unión Mallorquina implicados en casos de corrupción «no hay ni una sola persona que sea detenida con esposas».

El diputado andaluz del PP Ricardo Tarno también intentó demostrar la existencia de un trato desigual de las instituciones de Justicia a propósito del caso Mercasevilla, una empresa pública de Andalucía cuyos directivos son investigados por los tribunales acusados de un delito de cohecho y apropiación indebida. Tarno reprochó que la Abogacía del Estado no se haya personado en la causa para defender los intereses de los contribuyentes por tratarse de un órgano de la administración socialista. Le respondió el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien negó la comparación entre Mercasevilla y el 'caso Gürtel', en el que el PP ha denunciado la persecución de la Fiscalía a sus dirigentes afectados.

«Dejen de huir de sí mismos y no establezcan falsas comparaciones», pidió Caamaño a la bancada de la oposición. Explicó que la ley permite a las empresas públicas, como Mercasevilla, elegir libremente ser defendidas por un despacho profesional o la Abogacía del Estado. «No cabe, por lo tanto, -apuntó- existencia alguna de instrucciones ni por este ministro ni por ningún miembro del Gobierno».

Pero el ministro de Justicia no se contentó con ofrecer la respuesta oficial a la pregunta y aprovechó el trámite parlamentario para afear al partido opositor sus acusaciones de partidismo. «Le han puesto tanta inventiva a la teoría de la persecución -dijo- que comienzan a no diferenciar entre la realidad y la ficción porque ven conspiraciones políticas, fiscales, de jueces y abogados del Estado donde sólo hay normalidad institucional».

Moción

Al vicepresidente y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, le correspondió bregar con la moción de censura en Benidorm y la petición del PP para que disuelva la corporación municipal de Estepona. Chaves reprochó a los populares que tengan una «doble vara de medir» para criticar el transfuguismo actual de los 12 ediles socialistas y asumir la llegada de Eduardo Zaplana a la alcaldía de Benidorm en 1991 «con un mismo caso de moción de censura» apoyado en una tránsfuga.

El diputado popular, Juan Manuel Moreno, calificó de «pantomima» la operación de los socialistas en Benidorm y acusó a Rodríguez Zapatero de haber convertido el talante en «tomar el poder como sea y al precio que sea».

Celia Villalobos, parlamentaria malagueña del PP, pidió al disolución del Ayuntamiento de Estepona porque «es absolutamente ingobernable» a causa de los conflictos internos y la implicación del equipo de gobierno -según denunció- en el caso Astapa. «No sólo hay un caso de corrupción», dijo, «sino que también aparece la financiación irregular del PSOE», afirmó.

Pero Chaves negó las acusaciones y rechazó la medida extraordinaria reclamada por el PP. El ministro acusó a los populares de pedir la disolución «por puro oportunismo político y electoral» y defendió al gobierno municipal de Estepona porque está «comprometido con la lucha contra la corrupción».