La plantilla rompe las negociaciones tras negarse a aceptar el cierre de Vicasa

Los peores augurios se cumplieron y, pese a los esfuerzos de los trabajadores y la solidaridad y el apoyo mostrados por los diversos sectores sociales y económicos, la decisión de la empresa es del todo inamovible: la fábrica de botellas de Jerez echará el cerrojazo definitivo. Aunque la fecha de cierre continúa siendo un misterio, directivos de Saint-Globan Vicasa se desplazaron ayer a Jerez escoltados por tres abogados del prestigioso bufete Garrigues Walker para ratificar a la plantilla el fatal desenlace.

A pesar de que las esperanzas de los afectados eran escasas, el comité de empresa acudió puntual a la cita con la ilusión de que la firma finalmente decidiera dar marcha atrás y anunciara la búsqueda de otras vías alternativas al cierre. Sin embargo, el director de Recursos Humanos, Juan Iriarte, fue tajante al corroborar que la actividad cesará más pronto que tarde. El delegado de Comisiones Obreras en la fábrica jerezana, Ignacio Benítez, mostró ayer su abatimiento por la noticia, tras un encuentro que calificó de «diálogo de sordos».

«Lo que hemos hecho es insistir en ambas posiciones; ellos han planteado que su decisión es irrevocable, mientras que nosotros les hemos dicho que hablaremos si no hay cierre y nos aseguran la continuidad, algo a lo que se siguen negando».

La dirección acudió al encuentro con la idea de comenzar a negociar las condiciones en las que se llevará a cabo la medida, pero los empleados volvieron a dejar bien claro que no habrá conversación alguna con esa premisa por delante.

«No discutiremos nada»

«Los trabajadores no discutiremos nada -sentenció Benítez-, ni siquiera hemos entrado a debatir porque ante todo tienen que garantizarnos que la actividad seguirá en una nueva planta. A partir de ahí ya veremos la manera de mejorar la competitividad». A la reunión también acudió el representante español del comité europeo de la empresa, Alfredo Suárez, que será el encargado de trasladar la problemática al citado órgano, en donde Benítez subrayó que aún no se ha tratado el asunto, a pesar de que «dicen que tienen un continuo diálogo social».

Ésta es otra de las bazas con las que juegan los trabajadores, que confían en que la opción del cierre al menos se debata como es debido en el citado foro, que se reunirá en próximas fechas, con el fin de que se puedan aportar soluciones distintas.

«Es muy difícil que una multinacional reconsidere esta decisión -reconoció el representante de los trabajadores-, por lo que la única vía que nos queda es la de la presión, no sólo por parte nuestra sino también de toda la sociedad jerezana». En este aspecto volvió a pedir la implicación de todos y cada uno de los colectivos de la ciudad en las actividades organizadas por el comité, especialmente en la manifestación del próximo 29, algo a lo que no han tardado en adherirse los empresarios, partidos políticos y demás tejido social y económico.

Siguiendo esta línea de apoyos, ayer el PSA hacía pública su intención de comenzar una campaña informativa con el reparto de dípticos por toda la ciudad, en los que se explicará detalladamente la situación de la empresa y se animará a los jerezanos a participar en las movilizaciones.

Garantías de la Junta

El problema, sin lugar a dudas, ha provocado una riada de reacciones empezando por la propia Administración local, que planteó abaratar el precio del suelo ofrecido a Vicasa en la Ciudad del Transporte para trasladar la fábrica. Este ofrecimiento tampoco frenó las intenciones de la multinacional, y ahora es la Junta de Andalucía la que echa el resto formando parte de una mesa de concertación que promete llevar el tema hasta el Parlamento europeo.

En estos términos se expresó el pasado martes el delegado del Gobierno en Cádiz, Gabriel Almagro, que realizó unas declaraciones al director de LA VOZ durante los informativos provinciales de Canal Sur Radio. En ellas, Almagro garantizó que el Gobierno autonómico «trabajará con todo el empeño para dar respuesta, en primer lugar para que Vicasa no cierre y en segundo lugar para garantizar las mejores condiciones a los trabajadores que puedan verse afectados». Sólo el tiempo dirá si el compromiso se cumple o, como ocurre en muchos de los casos, vuelve a caer en saco roto.