Alumnos expulsados por falsificar datos seguirán en sus colegios tras recurrir la decisión de la Junta

Al menos diez familias damnificadas por la polémica anual de las matrículas falsas en los colegios concertados han decidido plantar batalla legal. Son los padres de diez alumnos de cuatro centros gaditanos (Argantonio, Carmelitas, San Felipe Neri y otro afincado en Puerto Real) que se consideran «cabeza de turco» en el proceso sancionador cerrado por la Delegación de Educación de la Junta hace dos semanas.

En ese trámite, la Administración autonómica incluyó a sus hijos en los listados de los alumnos que perdían puntos en la baremación de las matrículas para entrar en centros concertados. En todos los casos, el argumento institucional es que se considera demostrado que falsearon los datos del domicilio familiar para conseguir mejor puntuación.

El resultado de la resta de puntos fue que sus hijos ya no podrían cursar estudios (el primer año de Infantil en todos los casos, menos los correspondientes a Argantonio) en el centro elegido.

Tras esta decisión administrativa, las familias (consultadas a través de los abogados que las representan) han decidido presentar recurso ante el Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo. Según el representante legal de una de las familias, este juzgado debe responder antes del próximo viernes 25 de septiembre a la petición de medidas cautelares que se han solicitado en, al menos, diez casos.

Plazos y razones

Fuentes de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y de los centros afectados dan por seguro que la Justicia aceptará en varios casos la adopción de estas medidas cautelares.

En la práctica, esa aceptación supone que los niños a los que se les restaron puntos y perdieron su plaza volverán al centro educativo en el que estaban matriculados y empezarán el curso junto a sus demás compañeros con sólo unos días de retraso.

Esta situación de provisionalidad se mantendrá hasta que no haya sentencia firme que ratifique la presunta falsedad de los datos de sus matrículas, que hasta ahora sólo ha sido certificado -a título administrativo- por la Junta de Andalucía. El proceso de los recursos contra las expulsiones podría demorarse muchos meses, puesto que los padres afectados podrían llegar a recurrir una sentencia adversa hasta en dos ocasiones. Sólo cuando la dictase el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resultaría ya inapelable. Los que emprendan ese largo camino judicial podrían tener que esperar hasta tres años para tener una respuesta legal definitiva.

Plazos y razones

Mientras ese tiempo transcurre, sus hijos cursarían estudios en el centro en el que ingresaron (de forma irregular, según la Junta) con toda normalidad gracias a las «medidas cautelares».

Los padres que han decidido emprender esta lucha en los tribunales a través del primer recurso lo han hecho a título particular, sin agruparse en asociación ni plataforma alguna. De hecho, cada familia tiene un abogado diferente. Los argumentos de las familias que han recurrido, aunque son diversos, se dividen en dos grandes grupos.

Por un lado, varias reclaman la recuperación de varios puntos en la baremación porque no se les ha respetado la proximidad del domicilio real o los correspondientes a la presencia de un hermano en el centro. Por otro lado, un segundo grupo esgrime que varios de los alumnos que han ocupado las plazas que han dejado los explusados también aportaron datos falsos en sus matrículas.