La futura Ley de Autoridad del Profesor no entrará en materia penal

La futura Ley de Autoridad del Profesor que el Gobierno regional madrileño va a impulsar no entrará en materia penal, ya que se trata de una competencia del Parlamento nacional, y se limitará a desarrollar la legislación para que los docentes gocen de buen trato y consideración. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha difundido una nota, horas después de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, haya anunciado en la Asamblea ese proyecto de ley que pretende dar respuesta a la demanda de los profesores de que se "refuerce su autoridad ".

La Fiscalía General del Estado ya consideraba que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y, en consecuencia, una agresión grave contra estos docentes puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad . Así lo estableció la FGE en una circular remitida en diciembre de 2008 a las Fiscalías de toda España y que da lugar a un criterio que se aplica con carácter general en todo el país. Para la Consejería de Educación madrileña, la Comunidad "tiene competencias para reconocer por ley la autoridad pública de los docentes y su presunción de veracidad en informes y actuaciones".

La propuesta de la Comunidad de Madrid "no hace más que desarrollar la LOE, que en su artículo 104.1 señala que las administraciones educativas deben velar para que el profesorado reciba el trato, el respeto y la consideración acordes con la importancia social de la tarea que tiene encomendada". La Consejería asegura que la medida afectará a los docentes de centros públicos (colegios e institutos), ya que son los que dependen directamente de la Administración Educativa.

"Esta cuestión es diferente al hecho de que la Fiscalía recomiende tratar como delitos las agresiones a los profesores . No está previsto que la futura ley autonómica entre en materia penal, que obviamente es competencia de las Cortes Generales", dice la nota. Añade que la consideración de autoridad pública de los docentes incluye más aspectos, como la presunción de veracidad en sus declaraciones e informes, "que no se recogen en esta orden de la fiscalía".