La experiencia laboral permitirá el acceso a un título profesional a una treintena de oficios

La canícula del verano ha dejado semiescondida una nueva normativa aprobada por el Consejo de Ministros en julio y que contribuirá a cambiar la vida de muchos trabajadores en todo el país y, obviamente, en la provincia de Cádiz. El real decreto del Ministerio de la Presidencia –y que emanan de los de Educación y Trabajo–, que se publicó en el BOE a fin de agosto, establece los procedimientos y requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no regladas de formación. En lenguaje llano, este real decreto posibilitará que ciertos oficios, los que corresponden a las 26 familias de la Formación Profesional, puedan acreditarse por la experiencia laboral e incluso convalidarse por un ciclo formativo de FP o completar el ciclo y obtener el título correspondiente.

En este listado figuran, entre otras ocupaciones, las de comercio, hostelería y turismo, la actividad marítimo-pesquera, la agraria (jardinería y otras), el mantenimiento de vehículos, medio ambiente, textil (calzado y confección), vidrio y cerámica. Un ejemplo sencillo: los cocineros y los camareros podrán acceder a una acreditación que pruebe sus capacidades profesionales y su valía a través de un proceso en el que se les exigirá que demuestren su experiencia laboral.

Tres años de contrato

Para demostrar este aspecto, los empleados deberán justificar al menos tres años de contrato en el área, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. En el caso de la formación no reglada habrá que demostrar que se han realizado 300 horas de cursos sin reconocimiento oficial en la última década transcurrida con anterioridad a la convocatoria.

Todo este proceso hasta completar las 26 familias de FP se hará de manera escalonada por convocatorias. La primera, la que corresponde a este año, estará dirigida a acreditar a los cuidadores de dependientes, mayores o de niños, un sector que ocupa a más de 5.000 personas en la provincia de Cádiz. Las consejerías de Igualdad y de Empleo no tienen cuantificado el número de personas que atienden a personas dependientes en la provincia. No obstante, según las cifras de afiliación a la Seguridad Social, la provincia cuenta con 36.700 personas que trabajan en el ámbito de los servicios sociales. Muchos de estos trabajadores que comenzaron a desarrollar su labor hace años carecen de acreditación profesional. A estas cifras hay que sumar a los gaditanos que dedican su tiempo a cuidar a dependientes o mayores de su propia familia. En estos casos, deberán probar que saben realizar el oficio para poder optar a un certificado. Al respecto, conviene recordar que la Ley de Dependencia exige que se les dé de alta en la Seguridad Social.

Sobre el calado de la reforma que introduce la nueva norma del Ejecutivo, baste el dato de que ocho de cada diez personas que realizan tareas de cuidado de sus familiares son mujeres que podrían trabajar en otros ámbitos si se les reconoce que están perfectamente capacitadas y cualificadas para dedicarle a terceras personas los cuidados que durante años han prestado a su familiar.

En el caso de las auxiliares de escuelas de educación infantil y guarderías (de cero a tres años), el presidente de la Asociación de Centros de Educación Infantil de Andalucía, Juan Adame, señaló que «es justo que si tienen experiencia y capacitación, se les dé la oportunidad de obtener la titulación». Este tipo de trabajadores que entrarán en esta primera fase, sin embargo, no serán muy numerosos. La Junta de Andalucía ya realizó una habilitación similar para este sector hace una década. Adame señaló que en todo el territorio gaditano apenas habría una treintena de empleados de guarderías que se beneficiarían de esta normativa.

Primera fase

Los trabajadores interesados en acogerse a esta ley para acreditarse profesionalmente deberán inscribirse en la convocatoria que realizarán conjuntamente las administraciones educativa y laboral. Fuentes de la Delegación Provincial de Empleo señalaron que la consejería está trabajando en ella en la actualidad. Una vez establecidas las pautas, los interesados participarán en un proceso de selección que constará de una primera fase de asesoramiento (en la que se estudiará si dan el perfil), otra de evaluación de sus capacidades y valía y otra de acreditación; por último, pasarán por una de registro de las competencias profesionales que demuestren.

El Consejo de Ministros ha aprobado un presupuesto de 3,5 millones de euros para 2009 que se destinará a la presente convocatoria, dirigida a quienes cuidan a personas dependientes, mayores o a niños. Dicha partida sufragará asimismo la elaboración de materiales específicos para cada una de las 26 familias profesionales y la formación de unos 3.000 orientadores, evaluadores y asesores.

En esta primera fase, el Gobierno espera poder acreditar a unas 8.000 personas en todo el país gracias a esta nueva norma, que ya estaba contemplada en la hoja de ruta para la modernización de la formación profesional sobre la que trabajan de forma conjunta los ministerios de Educación y de Trabajo.

De hecho, en la última fase del proceso –es decir, al concluir la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación–, los candidatos recibirán además la orientación necesaria sobre las posibilidades para completar su currículumy obtener un título de FP.

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