Los Kirchner atemorizan a la prensa

En un nuevo capítulo de la guerra abierta entre el Gobierno argentino de Cristina Fernández y el grupo de telecomunicaciones Clarín, dueño de diarios, radios y canales de televisión, unos doscientos inspectores fiscales desembarcaron ayer por sorpresa en distintas oficinas del grupo periodístico y en las residencias particulares de sus principales directivos para una supuesta investigación.

Después de más de tres horas de realizar distintos trámites, la cúpula del organismo recaudador decidió retirar a sus agentes y más tarde negó haber ordenado la inspección. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, dijo que él no sabía nada del operativo y luego confirmó el despido de dos directores regionales, que habrían sido quienes, según él, impulsaron la espectacular fiscalización sin su conocimiento. Pocos creyeron sus argumentos.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, remarcó que el operativo «no fue cosa de la AFIP» sino de «alguien que se tomó el trabajo de hacerlo». «Una operación que alguien ha financiado con la intención de hacer ver como que el Gobierno estuviera presionando», se defendió el funcionario. Para Fernández, efectivamente hay una «situación tirante» entre el Gobierno y el grupo Clarín, pero sería «poco inteligente» creer que la presidenta ordenaría una «pantomima» así contra la empresa.

El insólito operativo, durante el que la mayoría de los inspectores permaneció fuera del edificio sin saber cuál era su misión, se concretó en el marco de un enfrentamiento entre el Gobierno y el grupo Clarín que cada día sube un poco más de tono. Por eso la empresa lo calificó como una «nueva intimidación». En agosto, el Estado asumió los costes de la transmisión de los partidos de fútbol de la Liga nacional por la televisión abierta y gratuita. Eso puso fin al negocio de ofrecer los encuentros mediante cable y sólo para abonados, que desde hacía años era explotado por una empresa del grupo Clarín.

Días después del anuncio, la presidenta envió al Congreso un controvertido proyecto de ley de servicios audiovisuales. La iniciativa, respaldada por el relator especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión, Frank la Rue, por académicos y por organizaciones sociales, generó una fuerte resistencia entre las empresas periodísticas más potentes porque pondría fin a los monopolios de televisión y radio. El oficialismo quiere que el proyecto sea aprobado en las próximas semanas. Pero la oposición brega para que el debate se prolongue y la votación se lleve a cabo después de diciembre, una vez conformado el próximo Parlamento salido de las elecciones legislativas de junio, en las que el Gobierno fue derrotado.

Agresión intimidatoria

Lo cierto es que el grupo Clarín consideró que la operación de Hacienda «se enmarca en una escalada de hechos agresivos e intimidantes que se han venido registrando en los últimos tiempos contra los medios en general y contra nuestros periodistas y directivos en particular». El comunicado de la empresa aludía así al enfrentamiento público ocurrido la semana pasada entre el ex presidente Néstor Kirchner (2003-07), esposo de la presidenta, y un reportero del consorcio de comunicación durante una rueda de prensa.

El periodista quiso saber cómo era posible que el matrimonio que ocupa la Casa Rosada haya incrementado en un 570% su patrimonio en los últimos seis años. Kirchner le interrumpió de malos modos, le acusó de ser un «enviado» del grupo de comunicación y dijo que él sólo se sometería al requerimiento de la Justicia, «no al poder monopolio de Clarín».

Entonces el reportero le preguntó si tenía pensado donar la pensión que cobra como ex presidente y le respondió: «Es problema mío». «El monopolio está acostumbrado a extorsionar y a ensuciar, y recurre a este tipo de cosas para mantener intereses que no le corresponden», señaló Kirchner. El ex mandatario manifestó que Clarín «se abrazó a la dictadura» en los años 70 y que el grupo «obliga» a sus empleados a hacer esas preguntas «para mantener el empleo».

En Argentina, los medios no están identificados con partidos políticos determinados, pero sí se reparten el público según sectores socioeconómicos.