Los menores se libran más del castigo

La reforma del Código Penal de diciembre de 2007 en materia de tráfico supuso un endurecimiento de las condenas relacionadas con seguridad vial, también en los tres Juzgados de Menores de la provincia, donde las denuncias de infracciones por circular en ciclomotor sin licencia provocaron un total de 287 causas penales en 2008, según recoge la Memoria Fiscal de Menores en Cádiz de 2008. En estos casos, la medida más habitual aplicada por los jueces es también la realización de trabajos en beneficios de la comunidad. Y al igual que ocurre con los adultos, la ejecución de las condenas a los menores cuenta con retrasos.

Pero los plazos de prescripción de los delitos se reducen a un año (en el caso de delitos) y a seis meses (para las faltas). No en vano, la falta de convenios con ayuntamientos y el colapso en la aplicación han permitido que en los últimos años cientos de jóvenes se hayan librado del castigo.

Más control

«Hay que actuar con mucha más rapidez y agilidad en estos casos, para evitar que prescriban los delitos y el menor perciba que pueden quedar impunes», explican desde la Fiscalía de Menores de Cádiz, que en los últimos meses han comenzado a aplicar los conocidos juicios rápidos y condenas de conformidad en la sede judicial de la calle San Francisco de la capital.

La aplicación de la medida con menores, a diferencia de los adultos, sigue también vías distintas, ya que en lugar de tramitarse a través de la Dirección de Instituciones Penitenciarias, la gestión de las condenas depende directamente de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía, que también lleva a cabo los trabajos a través de convenios con las administraciones locales.

Juan Carlos bebió aquella noche «sólo» un par de copas, así que convencido de que «iba bien y que controlaba», se puso al volante de su coche para volver a casa. Sin embargo, frente a la Jefatura de Policía Local de la capital, dos agentes municipales le dieron el alto. Un volantazo injustificado de Juan Carlos les resultó sospechoso... Y acertaron. Dio positivo

«Tenía 0,80 gramos de alcohol en aire, y a partir de 0,6 ya es delito», explica este joven gaditano, que en el último mes de agosto ha cumplido una condena de 22 días de trabajos en beneficio de la comunidad con un empleo en Cruz Roja, una de las entidades sociales que también cuentan con acuerdos con Instituciones Penitenciarias. Tras cumplir la pena obligada por el juez, sin embargo, Juan Carlos ha continuado vinculado a la institución ya como voluntario de pleno derecho.

Un juicio en cuatro días

Juan Carlos fue detenido por la Policía en abril de 2008. Era jueves. Y «el lunes siguiente ya se estaba celebrando el juicio rápido, que acabó en sentencia por conformidad», recuerda. «Me condenaron a 750 euros de multa, ocho meses de retirada de carné, tuve que pagar 100 euros de grúa y un curso de sensibilización vial que me costó 400 euros... En total, me salió 1.300 euros irme de fiesta». Además le condenaron a 22 días de trabajos sociales, aunque la notificación la recibió en julio de 2009. «Yo ya tenía mi carné, e incluso estaba haciendo un curso de conducción de ambulancias», asegura el joven.

En la Oficina de Servicio Social Penitenciario gaditana le dieron a elegir entre trabajos en el Ayuntamiento de Cádiz o en la Cruz Roja, «Elegí la segunda, aprovechando que había hecho el curso de ambulancias», recuerda. Y es que, en este tipo de penas, son los propios condenados quienes pueden proponer cómo y en qué momento llevar a cabo la pena, ajustándola a sus circunstancias personales.

Finalmente el empleo que pudieron asignarle fue la de administrativo en una de las oficinas de la Cruz Roja en la capital, donde compartió trabajo con el resto de voluntarios de la institución. Como uno más, aunque obligado por el juez. «Currábamos de 10 a 14 horas todos los días», recuerda.

El trabajo de oficina no le entusiasmó, reconoce este joven. Pero sí la oportunidad y la labor que podía desempeñar. Así que, al concluir la condena Juan Carlos se asoció a la Cruz Roja. «Es algo que suele ocurrir a menudo», explica por su parte José Manuel Macías, coordinador de los trabajos en beneficio de la comunidad dentro de Cruz Rojas. .

Unos 110 empleos

Las asociaciones locales de la entidad internacional de la provincia firmaron su acuerdo con Instituciones Penitenciarias en 2007. Y en el último año pasaron un total de 110 personas sancionadas con trabajos sociales, en su mayoría por infracciones de tráfico. Los trabajos que ofrece la Cruz Roja en la provincia van desde los empleos eminentemente administrativos a otros mucho más relacionados con la seguridad vial, como el transporte de personas con discapacidad, víctimas de accidentes de tráfico.