La Junta reubicará a los ancianos de la residencia del 'padre Pepe' en Málaga

La Junta de Andalucía ha decidido tomar cartas en el asunto y poner fin a la delicada situación que desde hace dos semanas está atravesando la residencia privada Carlos I de Torremolinos a raíz de la detención de su propietario, conocido como padre Pepe y acusado de quedarse con dinero de los internos de un geriátrico que regentaba en Medina. La Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social ya ha iniciado los trámites para reubicar a la treintena de mayores en otros centros privados del entorno, para lo que ofertará a sus familiares diversas plazas. En este sentido, desde el propio geriátrico están intentando agrupar al mayor número de ancianos para que no les afecte el traslado. «Desde un primer momento estamos pendientes del estado de los residentes», afirmó la titular del ramo, Amparo Bilbao, quien justificó la decisión de sacar a los mayores ante la ausencia de una resolución judicial inminente. La intención de la jueza de Chiclana que instruye el caso de nombrar a un administrador público para que se hiciera cargo del geriátrico podría demorarse e incluso quedarse en nada, así que, ante la falta de noticias al respecto, Bienestar Social ha optado por pasar directamente al plan B, a pesar de que su primera postura era la de esperar a que se resolviera la vía judicial dado el buen estado de los residentes, como lo demuestran los informes del servicio de inspección de la administración regional.

Más incierto se presenta el futuro para la quincena de trabajadores que conforman la plantilla, a quienes se les adeudan las dos últimas nóminas y se enfrentan al cierre de las instalaciones.

Envío de alimentos

La voz de alarma lanzada el miércoles por los empleados de la residencia ante los problemas económicos para sufragar el día a día, reflejados en la falta de comida, ha provocado durante estos días un aluvión de llamadas de ciudadanos y colectivos ofreciéndose para enviar alimentos.