Propietarios ingleses de casas ilegales irán a la justicia para evitar los derribos

El proceso de regularización de las viviendas ilegales de Chiclana sigue deparando sorpresas desagradables. La última se conoció ayer, después de que varios miembros del Gobierno municipal encabezados por la edil de Urbanismo, Cándida Verdier, mantuvieran un encuentro con más de 200 extranjeros que son propietarios de viviendas sin licencia en la ciudad para explicarles los pormenores del proceso de regularización.

Resulta que muchos de esos ciudadanos empadronados legalmente en Chiclana desde hace años, buena parte de ellos británicos, están organizándose para presentar una denuncia conjunta contra los abogados, promotores y agentes inmobiliarios que les vendieron su vivienda en suelo calificado como no urbanizable.

Y es que en Chiclana residen en estos momentos unos 2.000 ingleses; gran parte de ellos son propietarios de viviendas ubicadas según el actual PGOU en zona blanca, es decir, en suelo no urbanizable y que quedan fuera por tanto de las Áreas de Gestión Básica que sí podrán tener papeles. «Esta situación es culpa de unos cuantos profesionales sin escrúpulos que engañaron a muchos compatriotas». Son palabras de Roger Holmes, representante de la asociación que aglutina a los británicos residentes en el municipio, Chifra, y que está comenzando a mover el asunto. Ellos plantean la creación de grupos de trabajo para hacer acopio de la documentación necesaria para ir a los tribunales. «Sabemos que es difícil, pero tenemos nombres y queremos que se haga justicia», explican. Lo cierto es que buena parte de estos extranjeros carecen de servicios básicos como agua, luz o alcantarillado, y en la actualidad tienen muy difícil legalizar sus casas. Desde Urbanismo se les asegura de hecho que actualmente es imposible hacerlo, y que deberán esperar. Todas son viviendas situadas fuera de esos 18 millones de metros que sí se contemplan en el proceso a punto de comenzar. Ellos ya han transmitido al Consistorio su preocupación; están dispuestos a pagar, pero muchos temen que les obliguen a derribar su casa.