Retirada la imputación del delineante implicado en el 'caso Palma Arena'

El juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, ha reiterado la imputación que pesaba sobre Miguel Angel Bauzà, delineante que fue subcontratado por la dirección técnica en la construcción del velódromo y que recaía en manos de los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz, encausados dentro del procedimiento que investiga las presuntas irregularidades cometidas durante la ejecución del proyecto.

Así lo ha decidido el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma tras tomar declaración a Bauzà durante tres cuartos de hora, quien ha llegado esta mañana a los Juzgados de Vía Alemania en calidad de imputado. Tal y como ha explicado su abogado tras finalizar la comparecencia, Castro ha adoptado esta decisión al constatar que "no cometió ningún delito" mientras trabajaba en el proyecto de construcción, "y por tanto es inocente".

Durante la declaración ante el juez, el fiscal Pedro Horrach y algunos de los letrados personados en la causa, Bauzà ha explicado fue subcontratado para "hacer el desarrollo del proyecto", negando la comisión de cualquier tipo de irregularidad mientras prestó sus servicios en la construcción de la considerada infraestructura estrella de la pasada legislatura y que en la actualidad se encuentra bajo investigación judicial.

Más comparecencias

Para la jornada de hoy también estaba prevista la comparecencia de la ex encargada de la contabilidad del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Joana Ballester, a quien el pasado 31 de agosto se le retiró la imputación que pesaba sobre ella, así como de la empleada de la agencia Nimbus, ambas en calidad de testigo, pese que finalmente ninguna de ellas ha comparecido en los Juzgados de Vía Alemania.

Cabe recordar que las investigaciones se centran en la presunta malversación de fondos públicos durante la construcción del Palma Arena, cuyo coste se diparó de 48 millones de euros a 110 millones en dos años. Asimismo, el Ministerio Fiscal trata de averiguar si varios organismos públicos del Ejecutivo autonómico -entre ellos el Ibatur- adjudicaron sin concurso público diversos contratos a Nimbus y si la empresa emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña electoral del PP.

El ex director de Nimbus y también imputado, Miguel Romero, reconoció haber cobrado más de 70.000 euros en dinero negro del ex gerente 'popular' entre 2003 y 2007, Fernando Areal, que responderían a trabajos llevados a cabo por la agencia para el partido durante su campaña, pese a que el también cuñado del ex presidente del Govern, Jaume Matas, negó este extremo alegando que en la formación no existe "ninguna cuenta B" donde abonar este dinero sin declarar a Hacienda.