De la Vega se compromete a mantener el poder adquisitivo de los funcionarios

Mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y adecuación de la nueva oferta de empleo a la demanda de la sociedad son los tres compromisos adquiridos por el Gobierno para los 2,7 millones de personas que trabajan para las administraciones. La intención del Ejecutivo se conoció ayer tras la primera reunión oficial mantenida entre la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y responsables de CC OO, UGT y CSIF y se concretará en próximos días. El objetivo del encuentro era comenzar el debate y la negociación de las condiciones laborales de estos empleados, decisión que tiene que estar adoptada antes de que termine septiembre.

CC OO y UGT presentaron una plataforma conjunta, bastante similar a la elaborada por CSIF. La secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, aseguró que ambos documentos habían servido para «comenzar a acercar posiciones», si bien reconoció que también existían discrepancias, diferencias que rehusó explicar para no entorpecer la negociación. «Lo importante -insistió- es que hay voluntad por parte de todos de llegar a un acuerdo». A su juicio, ese pacto es imprescindible para conseguir una administración pública «moderna, ágil, cercada y al servicio de los ciudadanos».

Por mantenimiento de poder adquisitivo se entiende que los salarios subirán igual que los precios. Respecto al desarrollo del Estatuto, los representantes de los trabajadores lamentan el retraso registrado en el desarrollo de la norma. Consideran muy importante reducir la temporalidad, que en algunos ayuntamientos sobrepasa el 20%. Y dentro de la adecuación de la oferta de empleo, CC OO, UGT y CSIF advierten de que, dadas las circunstancias del país, es preciso impulsar los puestos de trabajo en sanidad, seguridad, enseñanza, Inspección de Trabajo, etc. «Son sectores fundamentales para dar el servicio adecuado. No creo que el Gobierno aproveche la ocasión y se porte como CEOE, que intenta sacar provecho de la crisis», añadió Enrique Fossoul, de Comisiones.

Mínimos

El acuerdo que se alcance con el Gobierno central será de mínimos y, por lo tanto, de obligado cumplimiento para comunidades y ayuntamientos, cuyos responsables podrán mejorar su contenido. En este sentido, Julio Lacuerda pidió más cooperación entre las tres administraciones.

A veces, indicó, su falta de conexión ha provocado el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, algo que es preciso erradicar. Los representantes de los tres sindicatos, así como del Gobierno, señalaron que la reunión se había realizado en medio de «un ambiente cordial».

Las reivindicaciones sindicales para 2010-2012 recogen una subida salarial para el primer ejercicio del 1%; y para los restantes, del Índice de Precios al Consumo (IPC) previsto «a revisar y ajustar en la negociación anual, en función de las variables económicas». Para paliar los desajustes que puedan surgir entre el aumento inicial que reciban los trabajadores y la inflación real, los sindicatos proponen «una cláusula de revisión».