Los ancianos de una residencia del 'padre Pepe' en Torremolinos, desamparados

Juan Jesús Vázquez acaba de terminar de almorzar. Como cada día, un empleado de la residencia le lleva un par de yogures de postre, aunque este anciano sólo coge uno. En los seis años que lleva en el centro geriátrico Carlos I de Torremolinos «nunca ha faltado de nada». Una afirmación que puede tener los días contados, exactamente los que tarde en vaciarse por completo la ya desangelada despensa de este centro privado, donde no hacen la compra desde que fue detenido su propietario, el conocido como padre Pepe, acusado de estafar durante dos décadas a los internos de la residencia que regentaba en Medina. La investigación, a cargo de la Guardia Civil y bajo la instrucción de un juzgado de Chiclana, estima en 150.000 euros el dinero supuestamente sustraído aprovechando la incapacidad mental de unos cuarenta residentes.

Ajenos a estos hechos, las consecuencias las están pagando los treinta internos del centro Carlos I, ya que José Herrera, padre Pepe, figura como administrador único de la empresa que adquirió las instalaciones hace un año, lo que se traduce en que es la única persona con acceso a las cuentas de la residencia.

Reacción judicial

Ayer mismo, la jueza de Chiclana que instruye el caso comunicó al abogado de la entidad su intención de nombrar a un administrador judicial para que se haga cargo del centro de forma temporal y, sobre todo, permitir el acceso a las cuentas donde se ingresan las cuotas de los residentes, que permanecen bloqueadas desde el arresto del mentor.

A su vez, la Junta de Andalucía vigila de cerca los acontecimientos, aunque, de momento, prefieren esperar a la decisión judicial y aconsejan hacer lo propio a los familiares de los internos, dado que el servicio de inspección no ha detectado ninguna irregularidad. «Lo ideal, y confío en que será así, es que se resuelva esta vía y sea un administrador el que pueda hacer frente a la situación», afirmó ayer la delegada de Igualdad y Bienestar Social en Málaga, Amparo Bilbao. No obstante, avanzó que, en caso contrario, el Ejecutivo autonómico intervendría ofreciendo a los ancianos y a sus familiares plazas en residencias privadas del entorno. Lo que sí se da por descartada, salvo alguna excepción, es la posibilidad de reubicar a los mayores en instalaciones públicas.

Límite 24 horas

«Hacemos lo que podemos, pero nos queda comida para un día», alerta Ana mientras da un repaso a la cámara frigorífica en la que apenas quedan cinco kilos de patatas, algo de fruta, zumos, leche, huevos y un poco de carne. La situación también afecta a los 15 empleados, a los que se les adeudan las dos últimas nóminas, así como a varios proveedores. «Llevamos meses con desajustes económicos y haciendo frente a los distintos pagos con dificultad, pero ahora nos han cortado el grifo y en la caja apenas queda dinero», reconoce un colaborador de la entidad.

«Aunque sea privado, estamos hablando de personas», recalca Ana, que ya acumula varios días sin poder pegar ojo. Para esta empleada, como para el resto, los mayores son lo primero. «Es deleznable que nadie se haga cargo de esta situación. Nosotros seguimos trabajando para que no les falta de nada y estén bien atendidos, pero lo cierto es que tanto los abuelos como nosotros estamos desamparados», subraya otro trabajador mientras termina de recoger el comedor.