Las almadrabas advierten del fin del sector si se veta la exportación del atún

La pesca artesanal del atún rojo en la provincia de Cádiz genera cada año más de 1.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Es el cálculo aproximado que realiza la Organización de Productores Pesqueros, que aglutina a los pescadores de almadrabas de la costa gaditana. Ayer, este colectivo profesional lanzó la voz de alarma y advirtió del grave golpe que supondrá para el sector la última decisión de la Comisión Europea, que pretende vetar el comercio internacional del túnido, para evitar que el caladero siga esquilmándose.

Tal medida golpea, de hecho, en la línea de flotación del sector pesquero del atún en Barbate y Conil, ya que el mercado internacional representa en la actualidad el 85% del volumen de negocio de este sector. «Esto será el fin de la actividad», advierten desde la Organización de Productores Pesqueros en Barbate, que han considerado la propuesta como un ejemplo más «de la pésima política pesquera» de la UE.

Cabe recordar que la decisión de la Comisión Europea es aún «provisional» y no tiene carácter de norma obligatoria. Aunque se trasladará como «recomendación» a los países miembros el próximo 21 de septiembre.

El Gobierno español aún no ha anunciado si seguirá la recomendación de la UE, aunque no descarta sumarse a la propuesta «si hay dictámenes científicos que aclaren la situación pesquera» del caladero atunero, explicó ayer el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro.

Se negociará en noviembre

La propuesta de vetar el comercio internacional del atún fue presentada el pasado mes de julio por el Principado de Mónaco, de cara a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) que se celebrará en noviembre de este año en Brasil.

Mónaco pide que el atún rojo se incluya en la lista de especies protegidas de la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas (CITES), cuya modificación se negociará aún más tarde: en marzo de 2010, en la ciudad de Doha (en la república árabe de Quatar).

España esperará hasta noviembre para decidir su posición en esta polémica medida de conservación, que no distingue qué tipo de técnica de pesca se utiliza para capturar el atún, a la hora de prohibir su comercialización.

«Pagarán justos por pecadores», aseguraba ayer Marta Crespo, portavoz de la OPP en la provincia de Cádiz, que propone que, en lugar de un veto, se tomen medidas intermedias como la «reducción de los barcos de cerco», que Crespo señala como los auténticos culpables del agotamiento de los caladeros. «Nosotros apoyamos el plan de recuperación del atún, pero pedimos que se sancione a quienes los incumplen», aseguraba ayer Crespo en referencia a la flota industrial. La OPP tiene previsto analizar la propuesta europea y buscar soluciones con la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de la Junta, aunque todavía no se ha celebrado ninguna reunión ni manifestación del Gobierno autonómico.

En este sentido, los almadraberos consideran que «el Gobierno español debería tener una posición diferente» a la propuesta de la UE, «para proteger la actividad artesanal», ya que -recuerdan- el atún no sólo supone «un valor económico» para ciudades como Barbate o Conil -donde se ha desarrollado toda una industria en torno a la especie-, sino también «un filón turístico para la zona y un valor histórico», ya que se trata de una técnica conservada de manera casi intacta desde hace siglos hasta hoy. «Las almadrabas han desarrollado la pesca sostenible del atún durante miles de años, y ahora se la van a cargar en apenas diez», denuncia Marta Crespo.