CC OO y UGT piden cláusulas de revisión salarial para los empleados públicos

Los empleados públicos deberán contar con cláusulas de revisión salarial para los próximos tres años, de modo que su poder adquisitivo, relacionado con la evolución de los precios, no retroceda, según reflejan los sindicatos CC OO y UGT en su plataforma reivindicativa conjunta. A cambio, la subida propuesta será «muy moderada», ajustada a la delicada situación económica, como ya adelantaron el lunes.

Precisamente ese día, ambos sindicatos se entrevistaron con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para presentarle de manera 'oficiosa' sus demandas. Fuentes conocedoras del contenido de esta reunión aseguraron que desde el Gobierno «se ve con buenos ojos» la mayoría de las solicitudes de los representantes de los trabajadores.

Las principales diferencias giran en torno a las cláusulas de revisión. No obstante, la vicepresidenta ha citado oficialmente a CC OO, UGT y CSIF mañana en La Moncloa para abordar públicamente el futuro de estos empleados. Según la vicepresidencia primera del Gobierno, el acuerdo de la función pública debe «impulsar la mejora de la calidad, la eficacia y la productividad de los servicios públicos», dentro del nuevo modelo de economía sostenible que quiere promover el Ejecutivo.

La plataforma recoge un acuerdo para el trienio 2010-2012. La subida salarial del primer ejercicio será del 1%, y de los restantes, del Índice de Precios al Consumo (IPC) previsto «a revisar y ajustar en la negociación anual en función de las variables económicas». Para paliar los desajustes que puedan surgir entre el aumento inicial que reciban los trabajadores y la inflación real, los sindicatos proponen «una cláusula de revisión» que obrará para el conjunto del acuerdo durante el último año de su vigencia.

En sus reivindicaciones, CC OO y UGT incorporan una nueva política de recursos humanos en la que figura el fomento de la estabilidad laboral y la reducción de las tasas de temporalidad hasta un máximo del 8% y la aplicación de la movilidad voluntaria tanto entre distintas administraciones como entre territorios. Asimismo, apuestan por reformas normativas que mejoren las condiciones de trabajo del colectivo. Entre ellas se encuentra conseguir «la plenitud de los derechos económicos de los empleados públicos del Régimen General de la Seguridad Social cuando se encuentren en situación de incapacidad temporal».

Ambas centrales aprovechan el documento e incluyen una serie de demandas específicas para la Administración General del Estado (AGE), que cuenta con unos 550.000 trabajadores. Piden la reducción de la jornada ordinaria desde las actuales 37,5 horas hasta un mínimo de 35 horas semanales, la garantía de la continuidad del fondo de pensiones, el desarrollo de un Estatuto propio de este ámbito y la equiparación progresiva entre personal funcionario y laboral. Igualmente, para CC OO y UGT, es importante impulsar el teletrabajo.