CC OO y UGT piden una subida mínima del 1% para los empleados públicos

El salario de los 2,5 millones de empleados públicos deberá subir en 2010, al menos, un 1%, según la plataforma conjunta reivindicativa de CC OO y UGT y siempre que ese incremento garantice el poder adquisitivo de los trabajadores, es decir, que la subida de los precios se quede por debajo. Ambos sindicatos rechazan tajantemente la congelación de las retribuciones del colectivo que en algunos momentos ha barajado el Gobierno.

Las centrales consideran que su demanda se ajusta al delicado momento económico que atraviesa el país y advierten de que es preciso, junto con el aumento reclamado, avanzar en el desarrollo del Estatuto Básico, que recoge los deberes y los derechos de los empleados. CC OO y UGT lamentan que la actual responsable de Economía, Elena Salgado, «guardara en un cajón tan importante documento» durante su paso por el desaparecido Ministerio de Administraciones Públicas.

Juan Carlos Rodríguez, de CC OO, explicó que el incremento de, al menos, un punto responde a las «variables» previsiones sobre la evolución de los precios realizadas para 2010. Los indicadores adelantados abarcan desde el 1% hasta el 1,6%. «La subida tendrá que completarse con un compromiso de empleo que mejore sustancialmente las condiciones de trabajo», dijo.

El tercer sindicato representativo de la Función Pública, CSI-CSIF apuesta, en principio, por un aumento del 1,6%. Uno de sus portavoces informó de que la organización está dispuesta a sumarse a la plataforma de CC OO y UGT.

Tras la última remodelación del Gobierno, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, asumió las competencias de la Función Pública y el pasado día 4 anunció que en breve se reuniría con los representantes sindicales para fijar las condiciones laborales de los empleados públicos para 2010. Al parecer, habrá un primer contacto esta semana para abrir el foro del diálogo social en las administraciones públicas a mediados de mes, dado que el borrador de la Ley General de Presupuestos deberá recoger el gasto que supondrán estos trabajadores.