El negociado del 'padre Pepe'

¿Es tan fácil? ¿De verdad es así de simple? Se plantan un hábito de monje, aseguran pertenecer a una congregación colombiana llamada Asociación Benéfica Católica Obreros de la Cruz, por ejemplo, y a vivir. O mejor dicho, a robar. A estafar a los más débiles entre los débiles. A los ancianos. Y para evitar riesgos, a los ancianos-disminuidos-psíquicos. Y para que nadie de su entorno entorpezca sus planes –no vaya a ser que haya por ahí un hermano, o un hijo o una esposa que alce la voz–, mejor a los ancianos-disminuidos -psíquicos-indigentes. La poca pensión que tuvieren, se la hurtan. Que céntimo a céntimo se llega a los 150.000 euros birlados por estos hijos de Dios.

Todo esto presuntamente, por supuesto. Pero si la Justicia demuestra como ciertas sólo la mitad de las acusaciones que pesan sobre el ‘padre Pepe’, no va a haber infierno suficientemente grande para que este presuntamente indeseable arda por los siglos de los siglos. Aunque por si acaso aquello del cielo y el infierno fuera presuntamente mentira, es menester que la justicia terrenal, la de jueces, abogados y fiscales de toda la vida, se esmere y caiga con toda su fuerza sobre él y sus compinches.

Limar responsabilidades

Y mientras la policía sigue con sus investigaciones lo que hay que hacer es exigir responsabilidades a aquellos que han permitido una estafa continuada durante más de 20 años, pese a que todo el mundo sabía que había «algo raro».

La Junta de Andalucía debe explicar cómo concedió 300.000 euros del dinero de todos los andaluces a semejante organización. ¿Qué tipo de garantías les pidieron? ¿Cómo es posible que nadie lo supervisara? ¿Se puede abrir y gestionar un centro geriátrico privado y concertar plazas sin tener que aportar documentos que avalen la capacidad para hacerlo con un mínimo de garantías para los allí residentes? Y si estos son falsos, ¿nadie los detecta?

Aun no habiendo aportado nada en subvenciones, aunque fuera de capital 100% privado, los gobiernos –en este caso el autonómico– están obligados a tener un control sobre aquellos servicios que implican el cuidado de personas mayores o que no pueden valerse por sí mismas. Y a la vista está que ese control ha sido inexistente o insuficiente. Pese a que la primera reacción de la consejera de Igualdad fue, como la de todo político que se precie, desviar la atención lo más posible de su Consejería. «Dejemos trabajar a la Justicia», ha dicho. Añadiendo: «Mantengamos la calma porque los ancianos están bien atendidos». Y ahí acabó todo. De dimisiones, ni hablar. De investigar internamente qué ha pasado, nada de nada. De fusilar al funcionario de asuntos sociales que ha permitido, por negligencia o pasividad, que esto sucediera, ni una palabra. Además, que los ancianos estén bien cuidados o abandonados a su suerte no es el caso. No es lo que ha desvelado la policía ni por lo que el ‘padre Pepe’ está en la cárcel. Se trata de que los han desplumado en sus propias narices. Durante 20 años.

¿Qué dice la Iglesia?

Al margen de las responsabilidades políticas, habría que investigar también las eclesiásticas. Reconozco que ahí ya me pierdo un poco, pero alguien debería aclararnos cómo funciona esto de las congregaciones religiosas. Si un grupo como el que lideraba el padre Pepe se asienta en una localidad, en este caso Medina, afirmando pertenecer a una congregación católica –llámese como se llame–, ¿nadie de la Iglesia dice nada?¿Basta con decir que no la reconocen? Probablemente sea así desde un punto de vista estrictamente legal. Pero quizá alguien debería también tener más control sobre aquellos que actúan en nombre de la Iglesia y se aprovechan de ello para cubrir actividades delictivas. Afirman ser católicos y el Obispado les deja campar a sus anchas. Como si hubieran dicho que son raperos o una asociación de aficionados a la pesca. La Iglesia debería haber estado más atenta. Aunque sólo fuera como una inversión en imagen, que luego piden que marquemos su casilla en la declaración de la renta y a algunos se nos olvida por cosas como ésta.