La Audiencia pide a Europa que reforme la euro-orden para evitar otro 'caso Aranalde'

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó ayer pedir al Gobierno que promueva en Europa una reforma de la Orden Europea de Detención (OED), más conocida como euro-orden, para evitar que se repitan casos como el de Maite Aranalde, la etarra entregada la pasada semana por Francia y que se dio a la fuga el domingo después de quedar en libertad tras un error burocrático de las autoridades galas que impidió procesarla por el delito de estragos terroristas, el más grave del que se le acusaba.

El órgano de gobierno del tribunal, que ayer fue informado por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel de Juanes, de todo lo acontecido desde que la terrorista llegó a España y hasta su desaparición, acordó por unanimidad preparar un informe con los cambios propuestos para conseguir que la OED permita la entrega de los delincuentes para ser procesados en todas las causas abiertas de las que se les acusa en el país requiriente y no, como hasta ahora, sólo en los sumarios por los que se autoriza su entrega judicial.

Según informó De Juanes, que espera que el Ejecutivo pueda promover esta reforma durante el semestre de presidencia española de la UE, se trata de superar el principio de especialidad, que obliga a enjuiciar sólo por los delitos por los que se entrega al delincuente y que, según el presidente del órgano judicial, tenía su justificación en los «recelos entre países» anteriores al nacimiento del espacio común europeo de justicia.

Con una euro-orden basada en el principio de confianza entre Estados europeos, en opinión de la Audiencia Nacional, se hubiera evitado la huida de Aranalde, ya que podría haber sido procesada tras su entrega por la colocación de las bombas en las gasolineras de las carreteras de salida de Madrid en el puente de la Constitución de 2004, expediente extraviado por las autoridades galas. El juez Eloy Velasco, que sólo podía acusar a la terrorista por un depósito de armas hallado en 2005 en San Sebastián, consideró que esta única causa no era suficiente para privar a Aranalde de libertad, por lo que estableció una fianza de 12.000 euros.

En una entrevista a Efe, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no se mostró partidario de esta reforma. Aseguró que la OED está «funcionando bien» y que lo que hace falta es que las administraciones europeas tengan «más rodaje» en su uso.

«Guste o no guste»

La Sala de Gobierno -compuesta por los presidentes de las salas de lo Penal, lo Social, lo Contencioso-Administrativo y tres magistrados elegidos por sus compañeros de la Audiencia Nacional- conoció por boca de De Juanes todos los detalles del caso Aranalde. Tras debatir lo sucedido, exoneró a Velasco de cualquier responsabilidad disciplinaria por permitir la salida a la calle de la etarra. Pero también, a su vez, avaló la decisión de Baltasar Garzón de rectificar de plano sólo cinco días después y ordenar la inmediata captura de la activista, en paradero desconocido para entonces.

Por «unanimidad total y absoluta» el cónclave rechazó abrir diligencias informativas contra ninguno de los dos magistrados. Tanto Velasco como Garzón, en su calidad de juez accidental o titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, tomaron «resoluciones judiciales motivadas» y, aunque contradictorios, ambos fallos se basaron en «criterios legales» dentro de «sus respectivos ámbitos de competencia». Tanto la decisión de dejar en libertad a la terrorista como la de ordenar su captura «se ajustan a la ley guste o no guste», en palabras de De Juanes.

Los responsables de la Audiencia Nacional tampoco vieron error alguno en la tramitación del recurso de reforma que la Fiscalía presentó a las 13.40 horas del viernes, en el que el Ministerio Público pedía endurecer las medidas cautelares a la terrorista para evitar su huida. Según la sala, ningún juez, ni siquiera el de guardia, podía haber resuelto de inmediato la petición de la Fiscalía, ya que al tratarse de un recurso de reforma subsidiario de apelación el instructor tenía «forzosamente» que dar un plazo de tres días a las partes antes de tomar cualquier decisión y oír a la etarra.

Según explicó De Juanes, si el Ministerio Público hubiera pedido el agravamiento de las medidas cautelares por otra vía quizás se podría haber estudiado imponer a Aranalde un control más exhaustivo. Finalmente, el recurso de la Fiscalía fue respondido el pasado lunes por Baltasar Garzón, «dentro de plazo», según la sala, quien revocó ipso facto la decisión de su sustituto, aunque ya era demasiado tarde.

«Alarma social»

De Juanes y los magistrados que dirigen la Audiencia Nacional reconocieron la «alarma social» y la «repercusión social y mediática» que la huida de Aranalde ha provocado y admitieron que este rocambolesco episodio judicial es de «difícil compresión para la sociedad», pero insistieron en que durante todos estos días los instructores de la sede judicial de la calle Génova obraron conforme a derecho.

La presidencia de la Audiencia Nacional envió a la Comisión Permanente del CGPJ el contenido de la reunión informativa sobre el caso Aranalde. El Poder Judicial remitió a la Inspección la denuncia presentada el miércoles por el sindicato Manos Limpias contra Eloy Velasco, al que acusó de haber cometido «una negligencia grave» que propició la fuga de Aranalde. La Inspección decidirá si abre una investigación disciplinaria contra Velasco.