La Junta descarta un trato especial para afrontar la regularización de casas

La Junta de Andalucía descartó ayer dar un tratamiento económico especial a Chiclana para solucionar la problemática de sus viviendas irregulares. La propuesta que lanzó el PP el pasado miércoles «no es necesaria» según el Consejero de Gobernación andaluz, Luis Pizarro, quien aseguró ayer en su visita a la localidad que «los instrumentos oficiales nos han dicho que son sólo 15.000 las viviendas irregulares que hay que legalizar aquí, algo que será un trabajo muy duro», apuntó.

Precisamente, el número de edificaciones construidas al margen del planeamiento, y la cuantía económica que la administración debe aportar para urbanizar y legalizar el extrarradio local, son dos de las cuestiones que dividen en estos momentos a Gobierno municipal y oposición.

Así, ayer la delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, insistió de nuevo en que los cálculos que efectúa la Consejería de Vivienda (que reconoce la cifra 15.007 inmuebles sin licencia), son creíbles, mientras que el PP insiste en que esa cifra es mucho menor a la real.

En cuanto al capítulo de inversión, Verdier también recordó que la Junta de Andalucía «ha aprobado una inversión de 48 millones de euros para Chiclana, 14 de ellos visibles ya de forma tangible en las obras que se ejecutarán en Rana Verde»; ello pone de manifiesto a su juicio «el compromiso con la localidad» del Gobierno andaluz liderado por el PSOE.

Sin embargo, la oposición sigue manteniendo que la administración pública andaluza debería ser copartícipe en la financiación de un proceso de regularización de más de 18 millones de metros cuadrados de suelo, que según algunos cálculos podría costar más de 600 millones de euros.

Nuevo PGOU

Verdier reiteró ayer el planteamiento de que «la regularización será un proceso lento y que irá de la mano de los propietarios en todo momento».

En ese sentido, el Gobierno municipal tiene previsto continuar con su campaña de información y explicación de las nuevas Ordenanzas de Regularización aprobadas inicialmente en el mes de julio y que ahora están en periodo de exposición pública.

La edil anunció que el próximo domingo se trasladará a Rana Verde para explicar a las diferentes asociaciones de vecinos de esta zona los detalles del texto legal que regirá el proceso, y en su intervención ante los medios criticó «el populismo» que a su juicio realiza el PP cuando hablan de urbanismo.

Cabe reseñar además que el próximo jueves día 10 está previsto que una mesa de contratación decida a cuál de las dos ofertas presentadas por sendas empresas especializadas se adjudica la redacción del nuevo Plan General de Ordenación de la localidad.

Este documento, actualmente vigente gracias a un recurso ante el Supremo, será redactado de nuevo con cambios significativos después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulase su aprobación hasta en tres ocasiones consecutivas.

Tanto la redacción del nuevo PGOU como la aprobación definitiva de las Ordenanzas marcharán de la mano. Éstas últimas podrían entrar en vigor de forma definitiva antes de final de año, si bien no será hasta mediados de octubre cuando finalice el periodo de exposición pública y se resuelvan las diferentes alegaciones que se presenten. Urbanismo no ha concretado el número de recursos que ya se han presentado contra el texto.