La Consejería de Vivienda fija en 15.007 el número de viviendas ilegales en Chiclana

La Junta de Andalucía ha cuantificado formalmente, por primera vez, el número de viviendas ilegales concentradas en el término municipal de Chiclana. Según un adelanto de este estudio de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, la cifra de edificaciones o construcciones en suelo no urbanizable es de 15.007, lo que supone menos de la mitad de las identificadas por el Partido Popular (40.000).

El consejero, Juan Espadas, detalló ayer en una comparecencia ante el Parlamento de Andalucía que, de la cifra total, 10.632 se han localizado en áreas de gestión básica, 2.292 en suelo no urbanizable y 2.082 en suelo susceptible de ser urbanizable en el PGOU de 2007.

Espadas señaló que una vez identificadas, se procederá a realizar un trabajo de campo para levantar una ficha en la que se refleje la situación concreta de cada una.

El consejero destacó que el municipio chiclanero es uno de los que aborda la regularización de las edificaciones ilegales, en línea con las propuestas apuntadas por el Defensor del Pueblo andaluz y en coincidencia con los criterios que ya se recogen en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.

La diputada del PP María Teresa Ruiz-Sillero, le dio la réplica al consejero y aseguró que su partido ha registrado 40.000 viviendas ilegales, 1.717 expedientes urbanísticos archivados y más de 102 denuncias a Fiscalía de Medio Ambiente, por construcción en suelo no urbanizable. La parlamentaria aseguró que la política de «escaparate» de la Junta que «sólo tiene buenas palabras» cuando «el apoyo necesario es el económico para la legalización de viviendas».

Que paguen los dueños

Como culminación al debate, el titular de la Consejería de Vivienda subrayó que cada vecino deberá afrontar los gastos de regularización de sus viviendas ilegales, porque «no es de recibo» que esos costes los tengan que afrontar las administraciones.

Espadas reiteró que no se puede plantear, como sostiene que defiende el PP, que se haga una «derrama general» para que las administraciones paguen las regularizaciones de los que construyeron «sin preocuparse de los papeles. No es de recibo, no lo van a tolerar los andaluces ni la Junta de Andalucía», remató.