Los jueces exigen al Gobierno un nuevo modelo salarial para evitar otra huelga

El Gobierno tiene por delante tres semanas para solventar la papeleta y no verse abocado a vivir una nueva huelga de jueces. Las asociaciones judiciales han puesto como fecha tope el 22 de septiembre para que se resuelva una de las principales reivindicaciones de la carrera: la elaboración de un nuevo marco salarial. En caso contrario, el paro está garantizado y será el 8 de octubre, como ya anunció la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera.

La APM, Jueces para la Democracia (JpD) y la asociación Francisco de Vitoria (FV) emplazan al Ministerio de Justicia a que, en la reunión del 22 de septiembre, ponga sobre la mesa un borrador del nuevo sistema retributivo. El modelo salarial vigente debió actualizarse hace un año, pero entonces no se llegó a un acuerdo tras rechazar los jueces las subidas que proponía el Ministerio. Las diferencias son sustanciales tanto en el pago de las guardias y las sustituciones como en los complementos salariales, auténtico caballo de batalla de las negociaciones.

Los colectivos de jueces piden que el aumento en las guardias sea superior al 20% planteado por el Ministerio y solicitan eliminar las retribuciones variables referidas a la productividad. Estos complementos, regulados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la ley de retribuciones aprobada en 2003, se miden por objetivos y resultados. Es decir, si un juzgado alcanzaba un rendimiento individual notable, cifrado en un 20% del objetivo asignado, se producirían incrementos salariales de hasta el 10%. En caso contrario, los ingresos fijos disminuirían un 5%.

Un 40% de los 5.000 miembros de la carrera judicial cobran este suplemento. Esto es, al sueldo fijo de los jueces de entre 3.000 y 6.000 euros mensuales, según la categoría y la antigüedad, se le sumarían entre 300 y 600 euros, dependiendo del rendimiento de su juzgado.

Pese a la cuantía, el reglamento aprobado por el CGPJ no colmó las expectativas de los togados y dos años después de su entrada en vigor fue anulado por el Tribunal Supremo tras admitir los recursos de dos asociaciones. El alto tribunal sentenció en 2006 que la medición de la carga de trabajo a través de los denominados módulos es «básicamente productivista» y no atiende a la situación laboral de cada juzgado. Para los jueces, «se trataba de un sistema de incentivos barato en el que primaba el sobreesfuerzo en detrimento del servicio» a los ciudadanos.

Interinidad

El fallo del Supremo dejó el modelo retributivo de los jueces en una situación de interinidad, hasta el punto de que se ha paralizado el cobro de los suplementos correspondientes a los ejercicios de 2008 y primer semestre de 2009. Esta indefinición ha generado un gran resquemor entre los miembros de la carrera, por lo que las principales asociaciones judiciales se han visto obligadas a pedir al Ministerio que abone cuanto antes estos retrasos en tanto en cuanto no se alcance un acuerdo general sobre el marco salarial.

Sólo una asociación, el Foro Judicial Independiente (FJI), muy minoritaria en el sector, está en contra de esta solución y mantiene una posición de bloqueo hasta que no haya un nuevo modelo retributivo encima de la mesa. Buena muestra de su postura es que sus representantes no acudieron a la última reunión entre el Ministerio de Justicia y los colectivos de jueces, celebrada el pasado 29 de julio.

Todas las asociaciones coinciden en reivindicar un programa salarial que priorice la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional y elimine la vinculación a la productividad. Pero el Ministerio no se mueve de su sitio y es partidario de un sistema mixto, por lo que las espadas siguen en todo lo alto.

El departamento que dirige Francisco Caamaño, en cambio, no se detiene y busca salidas para otros asuntos discrepantes. Negocia el aumento de la remuneración de las guardias, pretende revisar las condiciones salariales de los jueces de lo mercantil, los más abrumados por la crisis, y busca mejorar el pago de las sustituciones.

Eso sí, cualquiera de estas medidas depende de los fondos que Justicia negocie con el Ministerio de Economía y Hacienda, más partidario de contraer el gasto en un momento de grave crisis económica y escaso margen presupuestario. Por si acaso, la conservadora APM, con 1.200 jueces afiliados, ya ha advertido de que la recesión no servirá de excusa para evitar una nueva huelga en la judicatura. La fecha: el 8 de octubre.

Presupuestos a la vista

No es casual, sino más bien premeditada, la estrategia de las asociaciones judiciales de abrir el melón de las demandas retributivas en unas fechas tan precisas. En los próximos días se comenzarán a tramitar en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2010, y qué mejor momento para apretar las clavijas al Gobierno. Los colectivos han advertido de que tomarán medidas de presión -la mayoritaria APM es la única que ha anunciado una huelga- si los presupuestos no incluyen «propuestas reales y concretas» para la creación de nuevos órganos judiciales, incrementos de las plantillas o el pago de las guardias y las sustituciones.

Para llevar a cabo este programa, los jueces estiman que se debería invertir un 2% de los Presupuestos Generales, cuando en los dos últimos años rondó el 1,5% del PIB. El Ministerio defiende una subida similar a la de este curso, cifrada en un 10%, hasta alcanzar los 1.619 millones de euros, pero las asociaciones no se resignan y piden más.