A la calle por una calle

Cuando les dijeron que iban a expropiar sus viviendas, la noticia les cayó como un jarro de agua fría. Pero el impacto ha sido aún mayor cuando han conocido el dinero que la Gerencia Municipal de Urbanismo, a través de la Empresa Pública de Suelo Isleña (Esisa) les ofrece por el hogar en el que llevan viviendo desde hace cincuenta años: apenas 43.000 euros por cada casa. Un dinero insuficiente para realojarse ya que, según dicen, no les llega «ni para comprar un garaje».

Los propietarios de las tres viviendas de San Onofre, en la confluencia con la calle Santo Entierro, que serán expropiados para la apertura de un vial hacia Ronda del Estero, han recibido ya una notificación municipal que les recuerda que deben abandonar sus viviendas el próximo martes 1 de septiembre. Hace apenas unas semanas recibieron, además, la visita de la Policía Local para comprobar si seguían residiendo en sus domicilios.

Las tres familias, apoyadas por la asociación de vecinos de Gallineras, ha asegurado que no van a abandonar sus casas hasta que no lleguen a un acuerdo «sensato» y han anunciado que iniciarán movilizaciones si es necesario. Sus fachadas están señaladas desde hace unos días por varias pancartas: «Tres casas por el precio de una», «Urbanismo nos expropia, ni para un garaje, ¿Dónde nos metemos?», «Señor Alcalde, no somos ocupas, tenemos escrituras», «Basta ya de expropiar injustamente, me echan por 43.000 euros».

De esta manera, los afectados rechazan el valor fijado para la tasación de sus viviendas: «Nos pagan el metro cuadrado a unos 200 euros, mientras a los de Venta de Vargas, se lo pagan a 1.200 euros». Inmaculada García Ortiz, una de las expropiadas explica que la situación está afectando también a sus dos hijos de 15 y 8 años, Rubén y Mario, enfrentados a un trance que les está creando una gran inseguridad.

«El mayor está temiendo que tengamos que irnos y cambiar de barrio, dejar su instituto, sus amigos y la zona en la que ha vivido siempre», asegura.

Para muy poco

«Nos ofrecieron 43.000 euros, pero sólo una garaje vale 45.000, ¿dónde vamos a ir con ese dinero?», se queja Inmaculada, que recuerda que el Ayuntamiento también les ofreció una parcela en el barrio de La Casería. «¿Pero qué hacemos allí, poner una tienda de campaña?», se pregunta esta madre.

«Teníamos nuestra casa pagada y reformada y ahora nos vemos sin nada o con una hipoteca en otro barrio», insiste Inmaculada. Su marido está jubilado y ella es maestra. «Llevamos toda la vida trabajando y por eso, no nos ofrecen la opción de adquirir una casa de Esisa», explica.

Todo lo contrario le ocurre a su suegra, Magdalena Moreno, de 77 años, que también se ve afectada. «Me echan después de 50 años, se llevan mi vida», lamenta. A ella le ofrecen 39.000 euros por la casa, aunque en su caso sí puede acceder a una VPO. Con todo, recuerda que la casa más pequeña de la Empresa de Suelo cuesta 60.000 euros y se pregunta: «¿Quién me va a dar una hipoteca con mi edad?».

Por el momento, la situación está en manos de un abogado, y han recurrido el justiprecio ante la comisión provincial de valoración. Un proceso que podría tardar en resolverse más de un año. La fecha para salir de sus casas, en cambio, es el próximo martes, y los vecinos amenazan con realizar todo tipo de actos para que permanezcan en sus hogares. Hasta que el Ayuntamiento les ofrezca una solución viable.