«Veremos el final de ETA como vimos el de los GRAPO»

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska (1962) ha dirigido algunas de las operaciones antiterroristas más importantes y ha sido uno de los pioneros en exigir la retirada de símbolos etarras de las calles vascas. El magistrado, bilbaíno de nacimiento y con varios años de ejercicio en la capital de Vizcaya, mantiene además un buen conocimiento de la realidad vasca.

-¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual de ETA?

-Mi análisis es que se encuentra en una situación de debilidad importante, no sólo por los últimos golpes, sino por todas las operaciones que se han iniciado desde hace más de una década y, de manera especial, por la estrecha colaboración con las autoridades francesas. Pero la debilidad de ETA no es sólo operativa, también sufre una sensible pérdida de apoyos sociales, lo que no quiere decir que no tenga capacidad de acción. Buena prueba de ello es la tonelada de explosivos que se ha encontrado en Francia, además de las armas o las bombas lapas.

-¿Cree que se verá el final de ETA?

-Soy optimista. Desde hace diez años hasta ahora, la capacidad operativa de ETA ha disminuido de forma importante. Desde ese punto de vista sí que podremos ver el fin de una organización terrorista, como vimos el fin de los GRAPO, una organización reducida al mínimo aunque a veces pueda cometer una acción delictiva. Lo que no veremos, y esto lo digo como vasco, es una sociedad suficientemente restablecida. Eso tardará bastante.

- ¿En qué sentido?

- ETA ha afectado a toda España, pero de forma particular a los ciudadanos vascos y navarros, que han visto el terrorismo y lo han mamado, y esto ha afectado a su vida, a su forma de comportarse, a la sensibilidad social. Ha habido generaciones que han nacido bajo el fenómeno terrorista. Y lleva tiempo recuperarse de eso. A una sociedad no le puede pasar inadvertida esa realidad. Aunque se acabe la violencia, habrá secuelas.

-¿Se refiere también a la parte de la sociedad que ensalza a gente que está cometiendo asesinatos?

-No. Eso terminará cuando termine la propia violencia. Si no hay violencia no habrá personas que, por razones difícilmente comprensibles, puedan justificar esos crímenes. Yo me refiero a los ciudadanos que, al desaparecer el miedo, deberían volver a vivir en libertad. La libertad es un derecho consustancial de la persona pero cuando no lo has desarrollado en tu devenir vital, imagino que será difícil. Nos costará y nos cuesta.

-¿Qué le parece la campaña emprendida por el Gobierno vasco de retirar la fotos de presos de ETA de las calles de Euskadi?

-Yo no puedo decir mucho sobre ese tema. La obligación de toda autoridad es la de impedir la comisión de hechos delictivos y la valoración del alcance penal de esos hechos depende de muchas circunstancias, como el objetivo de la colocación de las fotos, el escenario, etc... Y eso es todo lo que puedo decir. No me quiero pronunciar porque, en un momento dado, cuestiones de este tipo pueden acabar en mi juzgado. Pero reitero que son supuestos que deben ser analizados con suficiente seriedad. Lo que no quita para que sea una cuestión importante. Existe una debate entre lo moralmente inaceptable y lo que es penalmente relevante. Son dos cosas distintas. Un hecho puede ser socialmente inaceptable, dentro de una ética común, pero puede ser penalmente no relevante. Y puede ser socialmente detestable y también penalmente relevante.

-Una de las situaciones que se viven cada verano, con la convocatoria de manifestaciones radicales, es la toma decisiones opuestas por parte de los jueces. ¿No cree que eso confunde a la sociedad?

-Se puede producir esa confusión pero debemos tener en cuenta que son resoluciones judiciales -tanto la que prohibe como la que no- que siempre pueden ser objeto de recurso. Y lo importante de una resolución judicial es que sea motivada y que justifique el sí o el no de su resolución. No podemos llegar al automatismo de que todo acto que se convoca y cuya suspensión se pide es idéntico a otro, aunque pueda parecerlo. Con esto no quiero decir que, en un momento dado, las decisiones judiciales no puedan ser erróneas, tanto las que autorizan como las que prohíben, insisto. Es factible que un mismo juez entienda que en un hecho existe un delito de exaltación del terrorismo y en otro se debe primar la libertad de expresión.

El imperio de la ley

-Avanza el discurso de que a ETA se le puede derrotar policialmente y, por lo tanto, la salida negociada ya no tiene sentido.

-Yo tengo mis ideas políticas, pero hay temas en los que no debo meterme. Mi única cuestión en cuanto al terrorismo es que debo juzgar esos casos con los instrumentos que me da el Estado. A mí la ley me implica y me determina, debo guiarme por sus principios y no por supuestos criterios de oportunidad. A mí me guía el principio de legalidad. La única posibilidad que cabe al aplicar el principio de legalidad al terrorista es que abandone voluntariamente las armas y que preste un auxilio importante para impedir delitos o detener a personas integrantes de la banda armada. Ésta es la única respuesta del Derecho Penal.

-Usted, durante el proceso de negociación, hizo gala de esta absoluta supeditación a la ley.

-A mí lo que me hace sentirme orgulloso... No sé... es muy fuerte esta palabra... Mire, a día de hoy no tengo ninguna duda de que nunca me he equivocado si he estudiado un tema profundamente y que mi decisión siempre ha sido amparada. Tras estudiar un asunto, y en aplicación de la ley, he entendido cuál debe ser la respuesta adecuada y legal. Los jueces estudiamos todos los temas que tenemos sobre la mesa y aplicamos la ley, y el día que me falte eso debería plantearme dejar mi trabajo.

-Este verano se ha reabierto el debate sobre el endurecimiento de las penas a los terroristas. ¿Cree que es necesario?

-Tal y como es la realidad penal española actual, la respuesta a los delitos de terrorismo ya es suficiente. No podemos olvidar que los delitos graves tienen una condena de 40 años y existe un cumplimiento íntegro de las penas. Analicemos la edad de un condenado por estos delitos y veamos cuál es su proyecto vital.

-Los ciudadanos, sin embargo, recuerdan casos como el de Iñaki de Juana.

-Ésa es la gran servidumbre que tiene el Estado de Derecho. Debemos tener en cuenta cuál era la ley en el momento de comisión de los hechos y lo que el legislador entendió oportuno. Lo que el Estado de Derecho no puede es responder ante situaciones injustas vulnerando la ley. Sería como cometer una doble injusticia.

-La Justicia demuestra que, en algunas ocasiones, existe una colisión entre lo legal y lo justo.

-El tema que menciona es una situación injusta, insisto, pero no podemos trasladar la responsabilidad al poder judicial, donde sólo tenemos un instrumento, que es la ley. El día que no apliquemos la ley, incluso cuando creamos que es preciso hacerlo para no cometer una injusticia, el pilar del Estado de Derecho se caerá. Pero insisto, no traslademos la responsabilidad a la Justicia. Nosotros no hacemos la ley.

Medio ilícito

-La sentencia de Estrasburgo que avala la ilegalización de Batasuna ¿es un respaldo a los jueces?

- Sí. Yo me siento respaldado porque incluso he procesado a miembros de Batasuna. Es una cuestión 'subiudice' de la que no puedo hablar pero sí que he dictado autos de procesamiento en ese sentido. Desde luego que ayuda un poco a ese juicio de razonable probabilidad que yo expuse en su momento en mi auto. No es una verdad judicial definitiva, que eso lo establecerá la sentencia.

-¿El tribunal europeo ha ido más lejos que los jueces españoles?

-Lo que dice el tribunal europeo de Estrasburgo late en la Ley de Partidos. Esta ley excluye que un partido pueda utilizar la violencia como un medio ilícito para alcanzar sus fines. No se están ilegalizando ideas, sino medios violentos para alcanzar esas ideas. Eso es lo que viene a establecer la sentencia de Estrasburgo. Es decir, una sociedad democrática tiene que defenderse de aquellos que quieren acabar con la democracia desde la violencia.

-El ministro de Interior ha alertado de que la izquierda abertzale intente buscar condenar la violencia con el único objetivo de superar la ilegalización. ¿Cómo contempla ese asunto?

-No me puedo pronunciar sobre este tema por cuestiones lógicas, porque cualquier día podría tener que ver con el asunto. Pero la ley nos obliga a que cualquier cuestión sea lo suficientemente valorada y esté amparada por medios de prueba. Cualquier decisión, en un sentido u otro, insisto, tendrá que estar amparada por los medios de prueba.