Zapatero desdeña las acusaciones de acoso y ofrece un amplio diálogo al PP

José Luis Rodríguez Zapatero hizo suya ayer la máxima de que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio y evitó responder a las acusaciones del PP sobre una supuesta persecución a sus dirigentes por parte de jueces, fiscales y policías. Despachó los requerimientos sobre el asunto con un «son cosas de agosto». Puso sobre la mesa, en cambio, una amplia oferta de diálogo al partido opositor sobre lo que sí «es importante», a saber: la reactivación económica, la educación y la política energética. Se trata de «trabajar a favor del país», que es lo que interesa a los ciudadanos, apostilló.

El presidente del Gobierno se negó a alimentar la polémica sobre la presunta parcialidad institucional contra los populares y trató de poner punto final al enredo. En rueda de prensa en el palacio de La Moncloa tras el Consejo de Ministros, reclamó a Mariano Rajoy y al Partido Popular que actúen en el nuevo curso político con «la máxima responsabilidad».

Confió en que el líder opositor y su partido estén «a la altura de las circunstancias» porque la tarea que hay por delante es más importante que dirimir si existe una campaña contra nadie o discutir si el Gobierno «trata peor al Partido Popular que (al terrorista Iñaki) De Juana», como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los populares dieron carta de naturaleza a la controversia con una acusación al Gobierno de ordenar escuchas telefónicas ilegales a sus dirigentes, en palabras de su secretaria general Dolores Cospedal. Palabras que fueron avaladas por Rajoy y, a continuación, por todos los dirigentes del PP, aunque nunca presentaron pruebas ni citaron casos concretos.

El partido opositor corrigió el rumbo y aparcó las escuchas para centrar sus quejas en una supuesta «persecución» y la existencia de «una doble vara de medir» de la justicia cuando se tratara de dirigentes suyos o del PSOE. El PP amenazó incluso con llevar estas denuncias a los tribunales europeos.

Desde el Gobierno y el PSOE atribuyeron las imputaciones a un intento de los populares de distraer la atención ante las repercusiones de la implicación de algunos de sus dirigentes en el caso Gürtel o el escándalo surgido en Palma de Mallorca por la construcción del pabellón deportivo Palma Arena, que ha ocasionado una cadena de acusaciones y dimisiones de dirigentes del PP de la isla.

Rodríguez Zapatero se limitó a decir que en lo que respecta a supuestas persecuciones «las cosas quedaron bastante claras» en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso del pasado martes. En ella, todos los grupos afearon al partido opositor su estrategia. El presidente insistió en solicitar al PP «responsabilidad» para velar por el funcionamiento de las instituciones democráticas.

En vez de sumarse al cruce de dimes y diretes, el jefe del Ejecutivo prefirió hacer una amplia oferta de diálogo «muy singular» a la oposición con tres ejes: la reactivación de la economía, objetivo en el que, a su juicio, jugará un papel determinante la Ley de Economía Sostenible; alcanzar un pacto educativo, y consensuar la política energética.

Rodríguez Zapatero prometió que en todos estos ámbitos el PP tendrá un trato preferente y será el primero en ser consultado. Podrá comprobar si su oferta ha caído en un pedregal o en terreno abonado cuando se reúna «en las próximas semanas» con el líder de la oposición en La Moncloa.

«Desgaste inútil»

El presidente del Gobierno también mostró su hartazgo por la polémica abierta por la sentencia que debe emitir el Constitucional sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña. Situó la controversia en la categoría de las serpientes de verano porque el tribunal aún no se ha pronunciado y todo lo que se haga antes es formular «hipótesis sobre hipótesis», disquisiciones que «no conducen a ninguna parte», sólo a «un desgaste inútil». Pidió, por tanto, «calma» hasta que no se produzca el fallo.

Fue un mensaje dirigido sobre todo a las fuerzas catalanas, incluidos sus correligionarios del PSC, que en el caso de una resolución contraria han anticipado todo tipo de respuestas, desde una reforma constitucional a no acatar el fallo.

Rodríguez Zapatero garantizó que el Gobierno «por supuesto» respetará la resolución que adopte el tribunal sea en el sentido que sea, algo que exigió Rajoy el pasado miércoles, y a partir de ahí será el momento de hacer «valoraciones», pero no antes. Lo que descartó con rotundidad fue la reforma de la Constitución.