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Rodolfo Ares entra en la sede de Eudel en Bilbao. / L. A. G.
ESPAÑA

Los municipios vascos retirarán de las calles los símbolos etarras

Los espacios públicos serán para ejercer «la convivencia en paz» El Gobierno y los ayuntamientos entierran los roces de este verano

JOSEBA GARCÍA
COLPISA. BILBAOActualizado:

El Gobierno vasco y la federación de municipios de la comunidad autónoma (Eudel) llegaron ayer a un acuerdo para retirar de las calles de Euskadi toda la simbología vinculada a ETA y su entorno -placas, nombres de calles, carteles, pintadas, pancartas o fotografías- y para impedir cualquier tipo de acto que suponga enaltecimiento del terrorismo.

El apretón de manos final entre el consejero vasco de Interior, el socialista Rodolfo Ares, y el presidente de Eudel, el alcalde nacionalista de Tolosa Jokin Bildarratz, enterró los roces y desencuentros surgidos este verano por la política de tolerancia cero contra la simbología etarra ejecutada por la Policía Autonómica Vasca en las fiestas de pueblos y ciudades.

Tras una hora y media de discusión entre ambas delegaciones, Interior y Eudel emitieron un comunicado conjunto en el que señalan que han sellado «un compromiso permanente» para colaborar «en absoluta sintonía» en la exclusión del enaltecimiento de los terroristas de los espacios públicos de Euskadi, que deben ser preservados «para la convivencia en paz y libertad».

El Ejecutivo y los representantes de los 250 municipios, más de la mitad gobernados por el PNV, se comprometen a «evitar cualquier tipo de manifestación que enaltezca el terrorismo u ofenda la memoria y dignidad de las víctimas».

El pacto es fundamental para la estrategia del fin de la impunidad pública de la izquierda abertzale junto a la contundencia en las actuaciones contra homenajes, manifestaciones o exhibición de símbolos en favor de ETA o de sus presos, que han desatado en los últimos meses las fuerzas de Seguridad gracias a los acuerdos de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Es el colofón en la lucha antiterrorista a la persecución de los comandos y a la ilegalización de los brazos políticos y sociales de ETA: la deslegitimación social de la banda.

El comunicado conjunto destaca que debe tratarse de «un compromiso permanente, no fruto de las coyunturas puntuales ni de los períodos concretos», y reclama la participación activa y «diaria» en la tarea de la sociedad vasca, a la que llaman a «no resignarse y a no asumir como normal la presencia en nuestras calles y plazas de determinados símbolos que enaltezcan el terrorismo u ofendan la memoria de las víctimas».

Interior y Eudel han pactado la puesta en marcha inmediata de grupos de trabajo conjuntos para analizar «necesidades y actuaciones que se planteen en el día a día y para concretar los términos de la colaboración policial, técnica y económica» entre Ejecutivo y ayuntamientos.

Ambas instituciones no sólo tienen que priorizar las medidas a tomar, acordar la forma y mecanismos más razonables para llevarlas a cabo los sistemas de coordinación, sino que los municipios, especialmente los más modestos, esperan recibir dinero, medios técnicos y de limpieza y garantías de seguridad del Gobierno vasco para llevar a cabo el plan.

El Gabinete de Patxi López ha dado su apoyo a todos los ayuntamientos, «sobre todo a aquellos que viven las situaciones más complicadas», porque una treintena de ayuntamientos son gobernados por concejales de ANV, más de la mitad con mayoría absoluta.

Con el objetivo de «intensificar la pedagogía democrática» y de «fortalecer la coordinación y la actividad preventiva», el acuerdo destaca que se reforzarán y harán más frecuentes las reuniones de las juntas locales o comarcales de seguridad, en las que participan los responsables políticos, agentes locales, Ertzaintza y equipos de protección civil y emergencias.

El acuerdo se alcanzó tras un verano de beligerancia del Gobierno vasco y la Ertzaintza contra el enaltecimiento de ETA durante las fiestas, con intervenciones sonadas en Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Getxo, Gernika o Lekeitio, que terminaron con el envío de 160 expedientes relativos a apología del terrorismo a la Audiencia Nacional -diez veces más que en 2008-, la detención de once personas y la imputación penal de otras 21.

El consejero Ares pretende la implicación de los ayuntamientos también a la hora de impedir el protagonismo de colectivos que apoyan a ETA en las fiestas locales o de negarles licencias para regentar txosnas, casetas festivas con música, actividades y bar.

El pacto sellado ayer llega después de muchos contactos para enfriar los encontronazos que nacionalistas y socialistas tuvieron por la lucha contra el enaltecimiento del terrorismo.