Las autonomías discrepan sobre las formas de extender la ayuda a los parados

La reunión que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, mantuvo ayer con los consejeros de empleo de las comunidades autónomas sacó a la luz las divergencias entre los gobiernos territoriales sobre la manera de hacer frente a la situación de los de parados que ya han agotado la prestación por desempleo o van a ver concluido este derecho en los próximos meses.

La retroactividad en el cobro de 420 euros mensuales, una ayuda que el Gobierno ha aprobado sólo para quienes agoten la prestación a partir del pasado 1 de agosto, es un asunto que «sigue abierto», según declaró la secretaria general de Empleo al término de la reunión. Maravillas Rojo evocó, no obstante, el elevado coste que la medida ya alcanza en sus actuales términos.

Corbacho se verá en la necesidad de concretar la disposición del Gobierno a ampliar la prestación en la comparecencia que mantendrá ante la comisión correspondiente del Congreso, a la que ha sido requerido por los grupos parlamentarios para dar explicaciones sobre la polémica suscitada por las limitaciones de la ayuda. La secretaria general de Empleo se adelantó a las críticas. «La medida no es improvisada ni se puede calificar de parche», defendió cuando los consejeros de Castilla y León o de Madrid presentes en la conferencia sectorial censuraron la forma en que ha sido acordada.

Los representantes de autonomías y municipios plantearon a Trabajo sugerencias de todo tipo. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, propuso que las comunidades complementen con 200 euros adicionales los 420 euros de la aportación del Estado para que la suma permita a los beneficiarios obtener el equivalente al salario mínimo y, a cambio de seguir programas de formación y desempeñar un trabajo social, seguir cotizando a la Seguridad Social. Castro aseguró que la iniciativa contaba con el apoyo de Cataluña y Andalucía y la secretaria general de Empleo recordó que no es una novedad, puesto que ya tiene precedentes en convenios suscritos años atrás.

En la reunión sectorial se debatieron también temas técnicos y de coordinación para poner en práctica la ayuda, y consejeros autonómicos sacaron a la luz las dificultades que las distintas comunidades autónomas puedan tener en su aplicación. Por ello, la coordinación se hace más necesaria que nunca.

Reinserción laboral

La ayuda de 420 euros se ha vinculado a programas de formación y al trazado de un itinerario personalizado que facilite al parado su reinserción laboral. Pero las políticas de empleo de las autonomías tienen un presupuesto muy ajustado en el que parece imposible incluir nuevos compromisos. Rojo dijo que estos itinerarios abarcan un concepto muy amplio, que puede ir desde planes de empleo hasta una simple entrevista.

Los representantes de las autonomías también debatieron con el ministro de Trabajo y su equipo la superposición o sustitución de unos programas de ayuda por otros. Al margen de las rentas mínimas de inserción, que las comunidades dotan para los hogares que se han quedado sin ingresos, muchas de ellas han establecido o preparan otro tipo de rentas activas para favorecer la contratación de los trabajadores en paro.