El Congreso considera «delirantes» las acusaciones del PP al Gobierno

El PP sufrió ayer un notable vapuleo político en el Congreso. Nadie, ni a la izquierda ni a la derecha de la cámara, quiso darle el más mínimo apoyo para que pudiese trasladar a la sede parlamentaria sus denuncias contra el Gobierno, al que acusó de nuevo de hacer un uso «ilegítimo e inmoral» de la Policía, la Fiscalía y las instituciones para perseguir, espiar y «acosar» a la oposición.

Los populares reiteraron una por una las acusaciones que han convertido en su eje opositor este mes de agosto, y tuvieron que escuchar cómo el resto de grupos calificaba sus denuncias de «mentiras», «delirios», «frivolidades», «paranoia» o «cortinas de humo».

Después, la Diputación Permanente, máximo órgano de la cámara entre sesiones, rechazó las comparecencias urgentes de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que los populares solicitaron para que explicaran su respectivo papel en la presunta «conspiración» oficial.

El mensaje común de todos los grupos fue que el Congreso no está para debatir estos asuntos, que es tarea de los tribunales, y que si el PP tiene pruebas o indicios de delito, lo que deben hacer es acudir al juez.

Soraya Sáenz de Santamaría defendió la urgencia de las comparecencias por «el abuso de poder» y la utilización «ilegítima» de las instituciones que el Gobierno realiza contra su partido desde hace meses, y advirtió a la cámara, parafraseando a Bertolt Brecht, que «hoy somos nosotros y mañana cualquiera que les estorbe».

La portavoz popular no citó en momento alguno las supuestas escuchas ilegales denunciadas por Dolores de Cospedal, pero reiteró que tras la persecución «está el miedo del Gobierno a que se hable de la crisis», porque al Ejecutivo «le preocupa más acabar con el PP que con el desempleo que asola a cuatro millones de españoles».

Sáenz de Santamaría opinó que el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero «carece de pudor democrático» y por eso usa la Fiscalía contra Francisco Camps pero no contra el vicepresidente Manuel Chaves o contra el ex director del CNI.

Como prueba de la persecución dijo que de las 53 actuaciones policiales contra miembros del PP, 49 han sido archivadas o han quedado en nada -«la única pena a que han sido condenados es a la del Telediario»-, mientras que de las 61 causas abiertas contra dirigentes del PSOE, que no han sufrido el escarnio de la opinión pública, 37 continúan aun abiertas.

La respuesta del PSOE, espoleado por la ausencia de apoyos, fue contundente: «No consiguen que les crea nadie». José Antonio Alonso dijo que todas las acusaciones del PP son un «conjunto de inventos, insidias y mentiras» y que ahora tienen que elaborar informes a toda prisa para «tratar de justificar la sarta de barbaridades y el discurso demoledor contra el Estado de Derecho» recitados a lo largo de agosto.

Cree el portavoz socialista que el partido de Mariano Rajoy sólo busca «un territorio de impunidad» para sus imputados y trata de «desviar la atención para que nadie hable de corrupción». «Ustedes son unos irresponsables y los irresponsables no merecen gobernar un país serio, del que los socialistas nos sentimos orgullosos», sentenció como broche final.

Los partidos minoritarios de la izquierda fueron muy duros. Gaspar Llamazares, de IU, dejó claro que «no vamos a permitir que el Congreso dé carta de naturaleza a una mentira, a un delirio», porque el PP «no puede demostrar que estamos ante un Estado policial o una justicia inquisitorial», y aseguró que todo es «una mentira de distracción masiva».

Paranoias

Para Joan Ridao, de ERC, las denuncias populares son «un episodio de paranoia delirante como el del 11-M, una supuesta trama urdida por el Gobierno, los jueces, fiscales, policías y servicios de inteligencia contra el PP». El independentista catalán considera que «este tipo de evasivas son estériles y asquean, porque tras la muleta, el toro de la corrupción va a seguir embistiendo».

Francisco Jorquera, del BNG, añadió que las acusaciones de espionaje realizadas por De Cospedal son «intolerables e irresponsables» y que los populares tienen «una fijación con las teorías conspiratorias, como el 11-M, una reminiscencia de la confabulación judeo-masónica internacional» que atormentaba a Francisco Franco.

El PSOE, ERC, IU y el Grupo Mixto rechazaron de plano las comparecencias, por 29 votos a 19. CiU y el PNV se abstuvieron, pero no por ello fueron menos beligerantes con los populares. Jordi Jané, el portavoz catalán, se lamentó de que en la vuelta a la actividad parlamentaria primase de nuevo «la bronca política» y no las medidas para reducir el paro.

Calificó Jané las acusaciones sin pruebas del PP como «frivolidad parlamentaria» y justificó su falta de apoyo a las comparecencias porque «no queremos que el Congreso sea la caja de resonancia de teorías de la conspiración».

Emilio Olabarria, en representación del PNV, explicó que el PP acusa «sin pruebas» al Gobierno de «violar todo el Título XXI del Código Penal», y recordó, por considerarla muy a cuento para la ocasión, una cita del político italiano Gulio Andreotti, para quien «la política no consiste en solucionar los problemas, sino en hacer callar a los que los provocan».