Los eurodiputados del PP rechazan llevar a la UE la denuncia por espionaje

El PP anunció la semana pasada que llevará a Europa su campaña contra el Gobierno socialista, al que acusa de persecución, pero los eurodiputados populares no están de acuerdo. Mientras en la cúpula cogió fuerza la idea de plantear en el Parlamento Europeo la queja por una supuesta cruzada en su contra de los socialistas, los europarlamentarios advierten de que resulta contraproducente trasladar al ámbito comunitario las disputas de la política nacional.

Los defensores de dar publicidad en Europa a la bronca nacional querían imitar al PSOE, que denunció en el Parlamento Europeo decisiones urbanísticas de los gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana y Madrid. Los mentores de la idea concluyeron que la estrategia dio resultado y trajo de cabeza a los dirigentes autonómicos populares mientras sus decisiones fueron investigadas por la UE.

Destacados eurodiputados del PP consultados por la dirección nacional del partido son, en cambio, contrarios a la denuncia. Respecto al ejemplo del PSOE, su opinión es que aquella estrategia resultó un fracaso y sólo sirvió para desprestigiar la política española.

El primer detractor de la idea ha sido siempre el presidente del Grupo Popular en Bruselas, Jaime Mayor Oreja, que criticó con dureza la decisión de los eurodiputados socialistas de trasladar al ámbito europeo el debate sobre el proceso de paz y las discrepancias entre los dos grandes partidos españoles sobre la conveniencia del diálogo con ETA.

Distintos europarlamentarios del PP han expresado su rechazo a la idea surgida en el seno de la dirección nacional y plantearon sus dudas sobre las posibilidades de que prospere. «Es una aventura que no tiene ningún recorrido», alegó tajante un parlamentario de dilatada trayectoria y acérrimo enemigo de «utilizar el Parlamento Europeo como caja de resonancia de los debates de política interna». «Tal cosa estaría fuera de lugar porque acabamos de criticar al PSOE por hacerlo», añadió. Muchos de ellos han sugerido a la dirección nacional que se replantee la iniciativa y se cuide de decisiones precipitadas que pueden resultar contraproducentes.

Y no todos los miembros de la dirección popular están dispuestos a desencadenar una polémica en Europa con sus denuncias. «La decisión de llevar este discurso a la UE es algo que hay que estudiar con mucho cuidado porque es muy delicado», explica un vicesecretario del PP. «No somos unos novatos y sabemos que esto hay que administrarlo bien en la política europea para que no se nos vuelva en contra», añade.

Aunque altos responsables del partido, como la vicesecretaria de Organización Ana Mato, aseguraron que la decisión está tomada e incluso se planteó la posibilidad de facilitar a sus socios del Partido Popular Europeo un dossier con toda la información sobre la supuesta campaña de acoso del Gobierno socialista al partido opositor, todavía no se ha tomado acuerdo alguno al respecto.

Fuentes del Grupo Popular en Bruselas señalaron que no existe un cauce apropiado. Los socialistas plantearon sus denuncias ante la Comisión de Peticiones. Para que sea aceptada a trámite por este órgano, una denuncia debe alegar la vulneración de derechos reconocidos por la regulación comunitaria, extremo que en principio cumple la queja del PP.

Tanto la Eurocámara como la Comisión podrán constituir delegaciones que viajen a España para comprobar la veracidad de los datos aportados por el partido o el diputado proponente y la Comisión de Peticiones podría, además, remitir un escrito al Gobierno aludido para que aporte mayor información sobre el asunto.

Un eurodiputado del PP con varias legislaturas de experiencia no cree que la Comisión de Peticiones sea el cauce adecuado. El artículo 7 del Tratado de la Unión, que hace al Parlamento Europeo uno de los garantes del régimen continental de libertades públicas, habilitaría la presentación ante el pleno de la Eurocámara de una propuesta para que el Consejo supervise la actuación del Gobierno español, pero tampoco ven factible esta vía.

La tesis válida

Su apuesta es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia). Para ello, será necesario primero agotar el recorrido judicial en España, recién iniciado por la denuncia presentada por el dirigente Federico Trillo.

En apoyo de esta tesis, el parlamentario del PP recuerda el caso del ex presidente de Italia Bettino Craxi, que denunció la ilegalidad de las escuchas telefónicas a las que fue sometido en el proceso en el que fue condenado por varios delitos. La corte europea le dio la razón y condenó al gobierno italiano por culpa in vigilando, por no haber impedido o perseguido las escuchas ilícitas.

El debate político y su repercusión en el ámbito europeo no resultaría cómodo para el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, pero los eurodiputados populares temen que tampoco beneficie al partido opositor. Cualquier iniciativa de este tipo requiere un largo periodo de tramitación, de modo que su debate o resolución coincidirá con la presidencia española de la UE, que se celebrará en el primer semestre del próximo año.

La incidencia de la denuncia por espionaje en la presidencia española de la UE también es motivo de discusión en el seno del PP. «Si siguen como hasta ahora, la bronca durante la presidencia está garantizada», advierte un destacado miembro de la dirección nacional. «La presidencia de la UE es un asunto que requiere una política de Estado y no puede estar a merced de disputas internas», replica un eurodiputado.