Catálogo de quejas sobre la FiscalíaCampaña del PP contra «dos varas de medir»

El PP se prepara para un otoño caliente. Sospecha que arreciarán las acusaciones por el caso Gürtel, tanto en Madrid como en la Comunidad Valenciana, y se pertrecha para pisar a fondo el acelerador de su contraofensiva de denuncia de una operación gubernamental destinada a destruir a la oposición y en la que las acusaciones de escuchas ilegales sólo suponen un apartado más.

Es la respuesta política con la que pretende superar el desgaste de los graves casos de corrupción que afectan al partido y hacer frente a su aprovechamiento por parte de los socialistas que teme que irá en aumento a medida que el partido gubernamental pierda apoyos electorales.

La portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría tiene listo un documento que ilustrará las quejas populares y será difundido en septiembre con el apoyo de una campaña de comunicación y una intensa movilización interna. El equipo de Mariano Rajoy interrumpió sus vacaciones estivales la semana pasada para revisar los puntos del informe y diseñar los detalles de la estrategia.

La decisión se adoptó antes del verano, su aplicación ya está en marcha en el ámbito mediático y llegará al Parlamento este martes en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso. Se pretende que el proceso marque su punto álgido con el informe que trata de demostrar la existencia de «dos varas de medir» de los aparatos del Estado ante los casos de corrupción, según afecten a socialistas o populares, con profusión de datos y casuística en la que se apoyará el PP para denunciar que es víctima de una «cruzada» del Gobierno socialista.

Fuentes de la cúpula popular explican que la respuesta a esta ofensiva y a los procesos abiertos en los tribunales contra sus dirigentes no sólo es judicial, sino sobre todo política porque han comprobado que si apuestan por la presión política obtienen mejores resultados que si se limitan a ejercer su defensa exclusivamente en el ámbito jurídico. Es más, cuando surgió el caso Gürtel y afectaba sobre todo a dirigentes de Madrid, en los sectores más conservadores de la organización surgieron voces de protesta y críticas internas por la pasividad de la dirección ante el acoso judicial a sus cargos perseguidos por la justicia.

Los populares están satisfechos de los resultados de esta apuesta por la denuncia política y creen haber logrado sus objetivos, al menos con las acusaciones de interceptación de sus conversaciones telefónicas, y aseguran que disponen de datos para pensar que han cesado las escuchas.

Además, están seguros de haber convencido a los suyos de que los socialistas se aprovechan de las instituciones para intentar destruir a la oposición. Como dijo la semana pasada la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, la dirección considera que, hoy por hoy, «todos los ciudadanos saben perfectamente que hay una persecución contra el PP».

«Mientras persista el acoso no vamos a parar», adelantó un alto cargo de la dirección haciéndose eco así de las instrucciones de su jefe de filas. En la reunión de Mariano Rajoy con su equipo de confianza, los miembros del Comité de Dirección vieron al presidente y a la secretaria general muy decididos a mantener la denuncia hasta el punto de que el líder llevará esta acusación a su primer cara a cara con José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso.

«Existe una persecución sistemática de la Fiscalía contra nuestros dirigentes, militantes y cargos públicos», afirma un miembro de este selecto órgano del PP, que reconoce como un error el haber distraído la atención de esta denuncia con las acusaciones de espionaje telefónico.

Junto con el Ministerio del Interior por las filtraciones de los sumarios y las escuchas, los populares tienen también al departamento de Justicia en su punto de mira, y en su actuación se centrará el documento informativo en el que han participado todas las organizaciones territoriales en los últimos meses.

Murcia y Canarias

Fuentes conocedoras de este dossier aseguran que Murcia y Canarias son las comunidades en las que se han producido más procesos de este tipo, además de que parece existir una gran diferencia entre las actuaciones de los fiscales en las autonomías del PP y las del PSOE.

El partido opositor va a denunciar en esta campaña el exceso de celo de los fiscales contra sus dirigentes que, en un 90%, resultan después absueltos por la Justicia; el ejemplo más emblemático es el del presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria.

También habrá queja por la búsqueda de gran repercusión mediática de los casos que afectan al PP, con previo aviso a los medios de comunicación de las actuaciones policiales; las detenciones innecesarias de cargos populares que son conducidos esposados ante la Justicia (el caso paradigmático que se menciona es el de los ediles de Baleares), y el trato exquisito y la discreción en los casos que afectan a los socialistas.

Un ejemplo será la pasividad de la Fiscalía ante las sospechas de irregularidades de los consejeros de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha o del ex director del CNI, que contrasta con la «persecución» a los implicados del PP o la decidida actuación contra los afectados por el caso Gürtel, incluida la presentación del correspondiente recurso al archivo de la causa de los trajes contra Francisco Camps, o la nula actuación fiscal para investigar y perseguir las filtraciones del sumario Gürtel y las supuestas escuchas ilegales.