El negocio de la desconfianza

Cuando la hora de llegada del hijo adolescente se alarga más allá de la pactada y la ropa con la que sale de casa no coincide con la que viste cuando regresa aparecen motivos suficientes para que los padres comiencen a sospechar de que algo no va bien. Las primeras pesquisas para saber si el niño miente es controlar el móvil y las páginas de internet que visita. Las comunidades virtuales del tipo Facebook o Tuenti se han convertido en una suerte de plataforma de vigilancia hasta el punto de que muchos padres se crean sus propias cuentas y agregan a los amigos de sus hijos para saber qué hacen realmente cuando están fuera de casa.

Pero a veces es resulta insuficiente y se opta por contratar a un detective privado que haga el seguimiento. Este tipo de encargos llegan cada vez con mayor frecuencia a las agencias gaditanas, que compaginan estos servicios con los de infidelidad y fraudes a los seguros. Los investigadores se han hecho ya con una ingente cartera de clientes que buscan cerciorarse de sus peores sospechas. De hecho, la vigilancia de adolescentes ya ocupa el tercer lugar de los servicios ofertados.

Las principales preocupaciones que llevan a los padres a pagar para que analicen el comportamiento de los chavales tienen que ver con la posibilidad de que consuman drogas o frecuenten amistades poco recomendables. Y en la mayoría de estas situaciones el refrán cobra todo su significado: cuando el río suena... «Lo que interesa es desenmascarar a la persona, por eso la primera reacción de los clientes es de alivio cuando confirman sus sospechas», comenta la detective de la agencia Atalaya, que prefiere mantener el anonimato.

Drogas y compañías

La satisfacción choca con la realidad que descubren: jóvenes que mienten a sus padres sobre sus prácticas de ocio o que abandonan los estudios en el mejor de los casos, que consumen drogas en fines de semana o que, incluso, ejercen la prostitución para obtener un dinero extra a la paga semanal, en las situaciones más penosas.

¿Y si el resultado es negativo? «Cuando compruebas que las sospechas eran infundadas, el cliente piensa que no has hecho bien tu trabajo o que ni siquiera lo has realizado», lamenta la profesional, que en estas situaciones intenta aportar el mayor número de pruebas para que el cliente se convenza.

En cualquier caso, los profesionales consultados confirman el crecimiento de esta demanda. El cerco al espiado, la comprobación de la hipótesis y la redacción del informe del caso. «Por lo demás, se trata de un empleo con grandes dosis de paciencia para esperar los movimientos del investigado», subrayan desde Atalaya. Además de calma, estos profesionales se arman con cámaras fotográficas y de vídeo para tener constancia del momento en el que los adolescentes cometen sus fechorías. Por esta razón, las discotecas o las zonas de movida se convierten en un lugar de trabajo muy recurrente.

Negocio redondo

La extensión de estos servicios suponen un verdadero filón para los profesionales, ya que, según apuntan, «los jóvenes suelen ser descuidados y el seguimiento no se hace complicado». Las tarifas oscilan entre 50 y 80 euros por hora de espionaje, incluidos en la mayoría de los casos, la elaboración del informe y las ratificaciones judiciales, según varias empresas consultadas.

Desde la agencia jerezana Pinkerton reconocen que «no es un servicio nuevo, desde hace unos siete años ha aumentado todo lo relacionado con los menores. Al principio encontrábamos consumo de alcohol, y hoy día son más habituales los porros y otras drogas». El mayor número de encargos se produce en las ciudades más grandes como Jerez, El Puerto o la capital, donde a los padres les resulta más complicado mantener el control sobre las salidas de sus hijos.

Matrículas falsas

En lo que sí han encontrado un nuevo negocio es en los encargos de padres para vigilar a otros padres como ha ocurrido en la capital gaditana con el asunto de las matrículas falsas. Cada año la situación se agrava hasta el punto de encontrar matrimonios constituidos en plataformas que quieren detectar los fraudes que realizan otros progenitores para que sus hijos entren en determinados centros escolares.

Estas investigaciones se han convertido en algo habitual durante los últimos años, ya que en casi todos los casos se llegan a detectar irregularidades. Los principales engaños están relacionados con el empadronamiento de las familias denunciadas. Lo más habitual es que los alumnos estén empadronados en las casas de los abuelos, en domicilios anteriores o incluso en la vivienda de algún conocido, tal como han podido certificar padres cuyos hijos quedaron excluidos del centro deseado en la matriculación. El caso más claro es el del colegio San Felipe Neri de Cádiz, donde se sospecha de la veracidad del expediente de 30 niños.