Blanco plantea subir impuestos a los ricos para ampliar las ayudas a parados

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desenterró ayer la idea de que los ricos deben de pagar más para que los más necesitados también superen la recesión.

Mientras al Ejecutivo le llovían críticas en torno a la ayuda de 420 euros, que el presidente aceptó reformar para que beneficie a más parados, el ministro de Fomento, José Blanco, uno de los miembros con más peso político del Gabinete, subrayó que los recursos del Estado son limitados y que las rentas más altas tendrán que «apretarse el cinturón» si quieren que mejoren las políticas sociales.

No es la primera vez que un dirigente del Gobierno o del PSOE plantea subir los impuestos a los ricos para sufragar los gastos extraordinarios derivados del aumento desmedido del paro y los programas de obra pública.

Esta vez, la insinuación llegó después de que Rodríguez Zapatero anunciara su disposición a negociar con los sindicatos la vía para ampliar las ayudas a desocupados que dejaron de percibir prestaciones antes del 1 de agosto. «Si es necesario elevar determinados tipos impositivos a los que tienen más renta para garantizar políticas sociales, habrá que hacerlo», señalo en declaraciones a la Ser, después de que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, calculara que la ampliación costará 100 millones de euros por cada mes adicional que se aplique con carácter retroactivo.

El responsable de Fomento puntualizó que sus palabras eran sólo «una reflexión» que quería trasladar a quienes han hecho «demasiada demagogia» en torno al subsidio. El Gobierno, detalló, ha escuchado «una opinión sensata de los sindicatos», que han sugerido discutir la ampliación de ayudas en el marco del diálogo social, pero también la «demagogia» de quienes exigen «extender con carácter universal» el programa y al mismo tiempo «recortar gasto público». Blanco no aclaró quién era el destinatario de su mensaje.

El Partido Popular ha optado por no hacer bandera del asunto. La secretaria general, María Dolores Cospedal, sólo acusó al Ejecutivo el pasado miércoles de presentar la iniciativa «de forma engañosa» y «provocar frustración en las personas que peor lo están pasando». La dirigente popular se refería al desengaño sufrido por cientos de parados que el pasado lunes fueron a las oficinas del servicio público de empleo a solicitar los 420 euros y se enteraron allí de que no cumplían los requisitos porque dejaron de percibir prestaciones antes del 1 de agosto.

Dos sensibilidades

Las palabras de José Blanco, matizadas después, son sintomáticas de las dos sensibilidades que existen dentro del propio Ejecutivo en torno a estas cuestiones. Hay ministros muy ortodoxos, entre ellos la vicepresidenta económica, Elena Salgado -también lo fue Pedro Solbes- en cuanto a la disciplina de gasto y a las posibilidades de estirar la caja o apretar las tuercas a los más ricos. Otros, como el responsable de Trabajo, Celestino Corbacho; el de Industria, Miguel Sebastián, y ahora el de Fomento, se han expresado a favor.

La peculiaridad de este caso es que Blanco representa el núcleo de poder del PSOE, y que Rodríguez Zapatero ya dijo a mediados de junio que este año no habrá más subidas de impuestos. De hecho, el día 23 de ese mes, poco después de que el Gabinete aprobara la última subida de los gravámenes sobre el tabaco y la gasolina, para asegurarse la aprobación del techo de gasto, y ante la presión de CiU, el Ejecutivo obligó a su grupo parlamentario a dar marcha atrás en el apoyo a una propuesta de ICV, que pretendía instar al Gobierno a subir los tipos impositivos a las rentas más altas.

Por otra parte, Fomento anunció que de aquí a final de año licitará obra pública por valor de 6.068 millones, un 22% más que la comprometida a realizar hasta ahora.