Zapatero, dispuesto a ampliar la ayuda de 420 euros a los parados

El Gobierno abre camino a una ampliación de la ayuda de 420 euros a los parados que se han quedado sin protección ni tienen otros ingresos. Evaluará con los sindicatos, e incluso podría modificar en el Parlamento -a través del debate de tramitación del real decreto como proyecto de ley-, la medida aprobada en el último Consejo de Ministros, que sólo se aplica a los desempleados que han agotado la cobertura desde el pasado 1 de agosto. Lo anunció el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en Lanzarote. Las centrales UGT y CC OO celebran que se recupere la idea y se cuente con ellas, defienden la extensión del beneficio y aplazan su toma de postura hasta conocer las eventuales propuestas.

«Estamos dispuestos a que la prestación abarque el número de personas que lo puedan necesitar», afirmó el jefe del Ejecutivo, quien poco después precisó que para las situaciones de carencia total de ingresos ya existe la protección social de las comunidades autónomas, vía rentas de inserción, con las que es incompatible el cobro de los 420 euros. La nueva ayuda, subrayó, se orienta a un periodo formativo para contribuir a que el desempleado pueda encontrar un puesto de trabajo «cuanto antes», y está condicionada no sólo a la solidaridad, sino también a la disponibilidad de recursos públicos. La confusión suscitada en torno a este acuerdo, aprobado con carácter de urgencia en una reunión extraordinaria del Gabinete, junto a la insuficiente atención prestada por los servicios públicos de empleo -desbordados en mitad de agosto- provocó la decepción generalizada de los parados que han quedado al margen y hasta de los potenciales beneficiarios, que han visto aplazado el cobro del cheque. A las oficinas no habían llegado los impresos para formular la solicitud, y una mayoría de los desempleados no dispone de internet para cursar la petición a través de la red. Rodríguez Zapatero justificó la fecha de entrada en vigor de la ayuda, tras destacar su carácter «extraordinario». «Nunca en democracia se había tomado una decisión semejante», destacó. En medidas de este tipo, admitió, siempre existe la duda de dónde se pone el inicio. Consideró razonable el punto de partida adoptado, esto es, el momento de la aprobación. «Ir hacia atrás indefinidamente siempre nos situaría ante el mismo problema. ¿Por qué ese día y no el anterior?», sugirió. Por eso abogó por llegar a un «consenso social» sobre la fecha.

De momento, «aún nadie puede determinar el número de beneficiarios», admitió el jefe del Ejecutivo, para referirse a continuación al considerable esfuerzo económico que supondrá la nueva medida. De hecho, el presupuesto dedicado asciende a 642 millones de euros y, según los cálculos realizados por técnicos del Ministerio de Trabajo, esa cantidad da para los seis meses programados, siempre que, en promedio, los beneficiarios tarden de cuatro a cuatro meses y medio en encontrar colocación.

Las centrales valoraron positivamente la intención del Gobierno de contar con ellas para las posibles modificaciones de la ayuda. Ya habían manifestado que la medida les parecía positiva, pero insuficiente, ya que «deja a muchas personas fuera», afirmó Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical del sindicato UGT.