El PP exige que el Gobierno indague las escuchas a sus dirigentes

La cúpula del PP interrumpió ayer sus vacaciones para celebrar una reunión del comité de dirección en la que Mariano Rajoy acordó llegar «hasta el final» en su denuncia de espionaje al partido opositor en la que reclaman una investigación al gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. La secretaria general, Dolores Cospedal, compareció en rueda de prensa para ratificar la denuncia que formuló el día 6 de agosto en su lugar de vacaciones, desde donde -mediante una entrevista concedida a al agencia Efe- acusó al Gobierno de utilizar las instituciones del Estado para interceptar las conversaciones telefónicas de algunos dirigentes de la oposición.

Cospedal se negó ayer a aportar nuevos datos sobre las circunstancias o personas espiadas y repitió, esta vez ante los periodistas, los términos de su declaración. «Todo lo que tenía que decir sobre ese asunto ya lo he dicho», afirmó cuando le fueron reclamados nuevos datos.

Explicó la secretaria general de los populares que la denuncia debe ser investigada ahora por los tribunales de Justicia, ante los que su partido presentó una denuncia genérica por interceptación ilegal de comunicaciones el pasado 24 de julio. Pero también demandó una respuesta del Ejecutivo. «En cualquier país democrático -declaró-, si la oposición dice que se siente observada y que se le está espiando, lo que se hace por parte del Gobierno es abrir una investigación y no insultar y salir corriendo a la defensiva». Para presionar al PSOE y obligarle a tomar medidas, el Grupo Popular dedicará una sesión de la Diputación Permanente, prevista para la próxima semana, a exigir las comparecencias de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega; del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Los populares quieren pedirles explicaciones sobre las filtraciones del caso Gürtel, sobre la publicación de conversaciones de dirigentes políticos que no están incluidos en el sumario y sobre otros diálogos mantenidos por cargos del PP que no están sujetos a actuaciones judiciales.

Además, se interesarán por las actuaciones de la Fiscalía para investigar las supuestas irregularidades del ex director del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Saiz, o del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, al que acusan de haber favorecido a una empresa en la que trabajaba su hija cuando presidía la Junta de Andalucía.

Según el partido opositor, los fiscales deberían haber actuado en ambos casos con el mismo celo que demostraron al recurrir el archivo de la causa contra Francisco Camps o cuando instaron la detención de varios miembros del PP balear.

En el Parlamento

Lejos de abandonar la contraofensiva emprendida tras el archivo del caso Gürtel contra Francisco Camps, el PP anuncia que seguirá insistiendo con la misma estrategia en el Parlamento durante el próximo curso político. Y no sólo en el español, sino también en el de Bruselas, además de que ha decidido llegar en su reclamación hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. «Vamos a seguir hasta el final», dijo Cospedal.

Sin embargo, como hiciera Ana Mato el pasado lunes, la número dos del partido opositor evitó mencionar los nombres de las personas espiadas o concretar sus sospechas, y se limitó a aventurar que los irán aportando a la Justicia en el proceso al que dé lugar su denuncia del mes de julio.

Apuntó que ahora «son los jueces los que tienen que investigar» la solvencia de la denuncia planteada por el Partido Popular y adujo que «hay actuaciones que para un particular resulta casi imposible investigar».

No obstante, aseguró que existen pruebas de que su queja es solvente y se apoya sobre bases sólidas y dejó entrever que sus sospechas han sido alimentadas por informaciones sobre conversaciones telefónicas de varios dirigentes del PP, que fueron publicadas al hilo del caso Gürtel. Cospedal sostuvo que las pruebas están en esas noticias y añadió que «con echar un vistazo a las conversaciones publicadas por los medios de comunicación sería suficiente» para confirmar que su partido ha sido víctima de escuchas ilegales.

Los miembros del comité de dirección almorzaron tras su reunión de ayer, y según fuentes de los convocados continuaron el análisis de su estrategia política en asuntos económicos, la gripe A y las escuchas telefónicas. Todos coincidieron, según las mismas fuentes, en la conveniencia de seguir con la escalada de denuncias del acoso socialista en el que enmarcan el espionaje telefónico