Uruguay cuestiona la 'caducidad'

Para no quedar rezagado respecto de sus vecinos, Uruguay someterá en octubre a plebiscito la decisión de mantener o derogar la llamada ley de caducidad, una suerte de amnistía para los crímenes de la dictadura cívico-militar (1973-85), vigente desde 1989 con aprobación popular.

La norma fue sancionada en 1986 y avalada por un referéndum tres años después. La mayoría se inclinó por frenar los juicios contra militares. Ahora, en las presidenciales y legislativas del 25 de octubre, los uruguayos optarán por dar un «sí» o un «no» a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Actualmente, esa norma deja en manos del Estado la decisión de qué casos de violaciones a los derechos humanos llegan a los tribunales y cuáles no. En este sentido, el Gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez impulsó los juicios a figuras emblemáticas del régimen que consideró al margen de la amnistía.

Este mes la Fiscalía pidió 45 años de cárcel para el ex presidente Juan María Bordaberry, de 81 años, que se prestó a ser la máscara civil de la dictadura. Su nombre derivó luego en un fenómeno político, el de la bordaberrización, que identifica a los regímenes de facto de apariencia civil como el de Honduras.

Golpe de Estado

A Bordaberry, actualmente detenido, se le acusa de nueve desapariciones forzadas y de dos homicidios especialmente agravados en calidad de coautor, así como de «atentar contra la Constitución». Sus presuntas víctimas fueron los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Rodríguez Ruiz, asesinados en Buenos Aires con la complicidad de militares argentinos.

Bordaberry, elegido en las urnas, tan pronto subió al poder disolvió el Parlamento y abrió las puertas a la dictadura que rigió en Uruguay hasta 1985.

La Fiscalía considera «plenamente probado que en el período que va del golpe hasta su destitución por los militares se produjeron centenares de desapariciones y fallecimientos a consecuencia de las torturas». La Justicia posee «pruebas contundentes de la utilización del aparato del Estado para la represión ilegítima», añade el dictamen de la acusación pública.