Cadena perpetua para un general argentino que dirigió la represión

«Entraron en casa como si fuéramos delincuentes. Dispararon contra las paredes y, como mi marido pudo escapar, en represalia, nos llevaron a nosotros dos», contó conmovida ante los jueces Iris Pereyra la experiencia que vivió junto a su hijo Floreal Avellaneda, de 14 años, cuando ocurrieron los hechos. Madre e hijo fueron secuestrados y salvajemente torturados por la dictadura militar argentina en 1976. La mujer sobrevivió, pero el adolescente fue asesinado.

La justicia condenó ayer a cadena perpetua al ex general Santiago Omar Riveros, de 86 años en la actualidad, responsable de la guarnición militar de Campo de Mayo, adonde fueron trasladados Pereyra y su hijo. La sentencia también aplica penas de entre cinco y dieciocho años de prisión a otros cinco imputados. Con excepción de uno que está enfermo, los culpables, incluido Riveros, fueron inmediatamente trasladados a una cárcel común.

Los jueces consideraron que los delitos perpetrados son «de lesa humanidad» y por lo tanto no prescriben. Con este mismo argumento, que alude a la gravedad de los hechos, el tribunal rechazó las peticiones de reclusión domiciliaria, de la que pueden beneficiarse los condenados mayores de 70 años o personas enfermas.

«Esperábamos más, pero nos vamos contentos», declaró Pereyra, que acudió acompañado de su esposo a la última sesión del juicio, 33 años después del asesinato de su hijo. La condena a Riveros fue particularmente celebrada por los familiares, que estallaron en aplausos, abrazos y lágrimas cuando el tribunal leyó el veredicto. Riveros gozó de una larga impunidad, protegido por el indulto que le otorgó el presidente Carlos Menem en 1990. Pero, hace tres años, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el perdón en una causa por violaciones a los derechos humanos en la que justamente el imputado era Riveros. Ese fallo histórico fue un precedente que permitió reabrir numerosas causas frenadas.

Antes del fallo, Riveros se manifestó incomprendido. «Ustedes son jueces de la democracia, pero no pueden ser los nuestros. No conocen bien a los militares. No saben lo que sufrimos». Para él, el Estado los engañó. «Nos formó para obedecer órdenes y ahora aparecen señores que hablan de órdenes inmorales. No se analizan, se cumplen», sentenció con orgullo.

En abril de 1976, un mes después del golpe de Estado en Argentina, los uniformados irrumpieron en la vivienda de la familia Avellaneda en Buenos Aires. Buscaban a Floreal padre, que era delegado sindical en una fábrica y militaba en el Partido Comunista. Pero el hombre, que se sabía perseguido, había escapado horas antes.

Arrojado al mar

Como era común en aquellos años, los militares procedieron entonces contra los familiares. La esposa fue secuestrada, torturada y permaneció detenida dos años. El hijo, capturado junto a ella, fue asesinado. Su cuerpo apareció un mes después en la costa uruguaya de Río de la Plata, atado de pies y manos, justo el día en que cumplía 15 años. La justicia argentina condenó por estos crímenes a Riveros, comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, el mayor centro clandestino de detención del Ejército. Por esa prisión ilegal pasaron miles de detenidos, incluida la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, que estaba embarazada. Riveros ya había sido condenado en ausencia en Italia a reclusión perpetua por el crimen de Carlotto.

Ahora el militar golpista deberá esperar en prisión una decena de otros juicios en su contra por distintas violaciones a los derechos humanos en Campo de Mayo, por donde desfilaron durante el régimen militar más de 5.000 detenidos ilegalmente.

cinco imputados por crímenes de «lesa humanidad»