El Gobierno pide calma al PP y que deje de desacreditar al Estado de Derecho

El Gobierno recomendó ayer a Mariano Rajoy que «se relaje». El irónico consejo del ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, fue la única respuesta del Ejecutivo a las duras palabras pronunciadas el día anterior por el presidente del PP, que señaló a José Luis Rodríguez Zapatero como «el responsable» de la «inquisición» que desde las instituciones del Estado trataría de laminar al principal partido de la oposición. Las palabras de Blanco son el aperitivo de la respuesta oficial que hoy dará el Gobierno al PP al término de un Consejo de Ministros extraordinario.

La vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, se negó ayer a comentar las acusaciones de Rajoy durante su visita a Coslada (Madrid) y emplazó a los periodistas a la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, en la que previsiblemente se conocerá la valoración del Ejecutivo.

El Gobierno, hasta el momento, ha apostado por el tono comedido y casi de desdén en su respuesta a la avalancha de imputaciones de uso partidista de la Justicia y la Policía y de espionaje ilegal a la oposición, sólo roto por el ministro del Interior, que calificó de «infamia gravísima» y «rotunda falsedad» las acusaciones.

La pauta la marcó el viernes pasado Rodríguez Zapatero cuando, en respuesta a las acusaciones de «Estado policial» de la secretaria general del PP, Dolores Cospedal, se limitó a pedir «sentido de la responsabilidad» y a decir que la oposición «sabe que, afortunadamente, tenemos una Justicia que funciona conforme a los criterios del estado de derecho». «Deseo quedarme ahí», concluyó.

Después de que Rajoy colocase el martes las relaciones entre el PP y el Ejecutivo al borde la ruptura, pusiese al rojo la temperatura política y sonasen tambores de profunda crisis institucional, Blanco optó ayer por el humor y la retranca para rebajar la tensión.

El ministro aprovechó un encuentro oficial con autoridades de Transportes de EE UU para darle «una buena recomendación» a Rajoy, «que se relaje, que disfrute de las vacaciones, porque sale de vez en cuando del chiringuito y hace una declaración exagerada».

El ministro de Fomento cree que los populares padecen el síndrome del espionaje porque, «como se espían entre ellos, creen que el resto del mundo hace lo mismo». Ya con tono algo más serio, pidió a Rajoy que «no aplique el Estado de Derecho según le convenga» y que si tienen pruebas de espionaje ilegal no hagan denuncias al aire y se presenten en el juzgado con los indicios. No obstante, el ministro mostró su convencimiento de que el PP, con esta estrategia, sólo «trata de desviar sus problemas acusando sin pruebas a los demás» y reclamó al líder de los populares que no use «una doble vara de medir dependiendo de si los acusados son de su partido o no», para aplaudir la absolución de Francisco Camps y criticar la persecución judicial en el resto de los casos.

Desconfianza

La dirección del PSOE, por boca de Elena Valenciano, denunció que el PP ha vuelto a la estrategia de la confrontación institucional, porque «se mueve en el clima de la crispación como pez en el agua, perjudicando la imagen internacional de España». Valenciano cree que los populares «ensucian la vida política» con «una política de tierra quemada» guiada por el único objetivo de «confundir a la opinión pública».

La dirigente socialista pidió a los líderes del PP que «recuperen la cordura política» y dejen de «amedrentar» a jueces, fiscales, policías y periodistas porque «generan un clima de desconfianza hacia el aparato del Estado». Su conclusión es que el PP «ha montado una gran mentira» que no es capaz de sostener con prueba alguna, y que «su canción del verano es no hay mejor defensa que un buen ataque contra todo y contra todos».

El intercambio de acusaciones entre PSOE y PP, con la Justicia y las fuerzas de Seguridad por el medio, ya ha comenzado a preocupar a otros partidos. Tanto ERC como IU reclamaron ayer a las formaciones mayoritarias que se olviden de peleas, que dejen las denuncias y las investigaciones por corrupción en manos de los tribunales y que se centren en hacer «propuestas en positivo» y «en luchar contra la crisis».

Las dos formaciones de izquierdas creen que estos ataques a «las instituciones básicas del Estado» sólo provocan «desafección» con la política entre la ciudadanía y la sensación de que «todos los partidos son iguales».